A escrutinio el retroceso de libertades en México

José Carreño Carlón

Organizaciones coinciden en que los mayores ataques a las libertades informativas en México son los asesinatos de periodistas y la violencia verbal del presidente

A escala doméstica y global. Advertido o inadvertido de su confusión (quién sabe que sea peor) el presidente realiza casi a diario ataques contra la libertad de expresión al tiempo que asegura hacerlo garantizando esa libertad fundamental. Ayer lo hizo una vez más contra EL UNIVERSAL y Reforma. Y le volvió a tocar su acostumbrada dosis de estigmatizaciones a Pablo Hiriart por expresarse libremente en entrevista con Francisco Reséndiz publicada ayer mismo en este diario. Fue una excelente aportación al debate, como otros testimonios enmarcados en la imprescindible serie de estas semanas sobre el estado de las libertades y los derechos informativos en el presente régimen.

Contra este acierto periodístico de EL UNIVERSAL también ha embestido el presidente López Obrador, descolocado —así se mostró— ante el hecho de ver alojarse en esta casa las más diversas voces de la pluralidad involucradas en la comunicación, incluyendo exponentes de otros medios. Pero quizás también consciente del potencial de esta muestra de cohesión entre comunicadores, cotidianamente en competencia pero esta vez en diálogo preocupado sobre las condiciones para el desempeño de la prensa en nuestra democracia todavía germinal, como la ha llamado José Woldenberg. Este ejercicio se ha converido asimismo en una expresión singular de escrutinio público y en tiempo real del retroceso sufrido en estos dos años por la libertad de expresión y los derechos informativos, incluyendo el de acceso a la información, que en el caso de la pandemia se ha vuelto más bien un juego perverso de desinformación.

 

A este ejercicio en el plano doméstico se agregan —y coinciden en diagnósticos, advertencias y llamados de alerta— los realizados por organizaciones civiles a escala regional y global. Y todos coinciden en señalar como los mayores ataques a las libertades informativas en México, a la par, los asesinatos de periodistas y la violencia verbal del presidente contra comunicadores y empresas informativas. Lo mismo la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que Article 19, que Reporteros sin Fronteras, que Amnistía nternacional, cuya directora para las Américas ha establecido que AMLO genera un ambiente de hostilidad para la libertad de expresión cuando descalifica a la prensa y “criminaliza socialmente” a los periodistas.

¿Y la Constitución? Quizás está llegando la hora de incluir en el debate si la violencia verbal del presidente contra medios se encuadra en las “vías o medios indirectos” de restricción o inhibición de la libertad de expresión, violando el art. 7º constitucional. Si con los efectos nocivos señalados arriba por Amnistía se busca generar menosprecio, descrédito, pérdida de respeto y, al final del día, se pueden provocar otras formas de hostilidad contra periodistas. En el penúltimo año de la era de Trump y su lenguaje divisorio, los crímenes de odio alcanzaron niveles no vistos en una década en Estados Unidos. Adicionalmente, tendríamos que debatir si el lenguaje intimidatorio y degradante del presidente mexicano contra los informadores tiende a menoscabar y a lesionar el derecho constitucional “a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión” (Art. 6º.).

Límites. Cierto. La libertad de expresión es un derecho universal que incluye la del presidente, como él argumenta. Pero la Constitución también establece límites para todos, empezando por los derechos de terceros, Y para la autoridad, obligada a garantizar, sin menoscabarlas por “vías o medios indirectos” (ni directos, claro) las libertades informativas establecidas en la Constitución. A menos que, sobre ella, se trate de reconfigurar un monopolio del poder político a partir de otro monopolio: el de la definición de la agenda pública sin contrapesos críticos.

 

Profesor de Derecho de la Información. UNAM

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