Elección a la vista.
El presidente perdió el recato en el uso de las funciones del Estado –incluyendo la persecución de los delitos– para la reproducción de su poder. Pero una parte creciente de la sociedad le pierde el miedo a la libertad, a la exigencia de cuentas al poder. Y hoy, la degradación de la seguridad aérea mexicana viene a mostrar a un presidente concentrado en armar misiles político-judiciales, con la Fiscalía, para tratar de recuperar terreno electoral, mientras siguen estallando cargas de profundidad contra las condiciones de vida y la economía de los mexicanos. Ello, bajo el entendido de que estamos bajo el fuego de las decisiones adoptadas en estos dos años y medio de ejercicio concentrado, discrecional y con frecuencia irracional del poder.
Claro. Son previsibles las respuestas del régimen. ¿Acaso sorprendería una reacción contra las autoridades aeronáuticas estadounidenses por su resolución dictada por su conservadurismo y sus corrupciones y privilegios afectados por la cancelación del aeropuerto corrupto y privilegiado de Texcoco? O ¿qué tal la minimización hasta la irrelevancia de la degradación de la seguridad aérea porque los pobres no viajan en avión y los usuarios de las vías aéreas constituyen una minoría privilegiada? O ¿por qué no mostrar los vuelos semanales del presidente como la mejor garantía de la seguridad aérea nacional?
Te pareces tanto a Trump.
Al verse rebasado en la intención de voto, Trump fintó con aplazar las elecciones. A su vez, AMLO y su partido provocan a todos con la transgresión de todas las reglas como si se propusieran tener al alcance la válvula de escape del caos en la jornada de las urnas, la violencia poselectoral y la eventual anulación del proceso, por lo menos en los casos con resultados más adversos a sus proyectos. En 2020, antes, durante y después de la elección, Trump amenazó, difamó e insultó a todo funcionario investido con funciones electorales que no lo acompañara en su aventura golpista. Y en este 2021 el presidente mexicano ha violado una a una las normas constitucionales que prohíben su comportamiento exhibido a lo largo del proceso. Por supuesto, también, con sus secuaces ha amenazado, calumniado desacatado, suplantado y desconocido a las autoridades electorales, y ahora ha sumado a la diatriba al tribunal de la materia.
Pero con todo y el asalto de las turbas trumpianas al Capitolio y el obligado retraso en la certificación senatorial del triunfo de Biden, finalmente resistieron allá las instituciones de la República. La pregunta sería si aquí pasaría lo mismo. Y la respuesta está en el aire. Ciertamente, el firme rechazo de la opinión pública y la entereza de los consejeros del Instituto Nacional Electoral acabaron con el ensayo de presionar bajo sitio las instalaciones del INE y de seguir con los domicilios de los consejeros. El protagonista: el impresentable valido guerrerense del valedor presidencial, con sus huestes prehistóricas. Es cierto también que los magistrados del Tribunal Electoral se muestran dispuestos a sobreponerse a la postración en que los mantuvo su presidente, a su vez en rehén del gobierno por la opacidad del origen de su patrimonio.
Sin pudor.
Pero perturba la definición de los jueces como enemigos por el secretario de Marina y la ausencia de un mínimo pudor en las instrucciones presidenciales públicas –y su acatamiento– por la formalmente autónoma fiscalía general, que ha puesto la función de perseguir los delitos al servicio de los imperativos político-electorales del presidente, sobre garantías procesales, protección de datos personales, fueros constitucionales y potestades federales. Todos atentos al nuevo golpe judicial electoral.
Profesor de Derecho de la Información, UNAM
