Corromper procesos y viciar elecciones

José Carreño Carlón

¿No a la impunidad?: Sí a la arbitrariedad

Decidir por consulta popular y en la misma campaña de las elecciones de junio próximo, si se enjuicia a expresidentes seleccionados por el Ejecutivo actual, completaría la corrupción de los procesos del caso Lozoya. Esta corrupción la inició el presidente López Obrador con sus inconstitucionales acciones y declaraciones indicativas de la injerencia de Palacio en la elección de los enemigos a involucrar y los amigos a desligar en la denuncia de hechos del delator, a cambio de su libertad y la de sus familiares con él indiciadas. El accionar del presidente es también indicativo de su inconstitucional acceso, seguido de su vehemente voluntad de difusión y de su entusiasta promoción personal de piezas del expediente. Éste debió mantenerse bajo reserva constitucional, pero el presidente la convirtió en material de propaganda electoral oficialista.

Pero una consulta pública para decidir juzgar a expresidentes —y en año electoral—, también viciaría los propios procesos electorales, al criminalizar ideologías, reformas y políticas del pasado, una vez asociadas a los ex presidentes escogidos para la hoguera por el actual mandatario. Éste seía el caso de la reforma energética, satanizada ideológicamente por el régimen y colocada ahora en el centro de las delaciones del exdirector de Pemex y hoy aliado clave del presidente López Obrador en esta retorcida operación. Falta ver si la Corte le aprueba al presidente una pregunta para llevarla a la consulta, porque entonces se cumplirían los peores augurios de regreso de la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo. Con ello cohonestaría la suplantación de las funciones, competencias y jurisdicciones de la Fiscalía y de los tribunales, por una mascarada más de ‘democracia popular’.

Y se estaría remarcando el círculo vicioso —cito libremente una añosa lección de Elisur Arteaga— que va de la percepción de impunidad, en este caso, de los antecesores de AMLO, a la certeza de la arbitrariedad del presidente actual, que, al quedar en la impunidad, cerraría e iniciaría nuevamente, hasta el infinito, ese círculo vicioso impunidad-arbitrariedad. La definición de la literatura jurídica del concepto de arbitrariedad parece embonar con el fenómeno descrito: acto o proceder dictado por la voluntad o el capricho, contrario a la justicia, la razón y las leyes.

Consulta improcedente y elecciones constitucionales

El móvil del actual proceder arbitrario, todavía en grado de tentativa o de sondeo, radicaría en sobreponer una consulta improcedente a las elecciones constitucionales que en diez meses podrían cobrarle al régimen el descontrol de la pandemia, por la mala gestión de la crisis; el manejo —por llamarlo de algún modo— del colapso de la economía y el empleo, y la violencia que no cesa. Pero, improcedente y todo, la consulta presidencial estaría cargada de emociones negativas bien cultivadas contra la corrupción “de antes”, con los ojos cerrados a la presente, así como de resentimientos incubados por décadas en la población contra “los de arriba”, como si el presidente de México perteneciera a ‘los de abajo’.  

Nexos: barbas a remojar

Y a propósito de arbitrariedad, cuando veas que se rasuran a Nexos, pon tus barbas a remojar. Así podrían darse por advertidas las voces y alertados los medios críticos. Sus revelaciones de desvíos en el gobierno serán desoídas, pero cualquier descuido de trámite o de tránsito les será cobrado con escarnio, furia ideológica y argumentos extralegales. Si han propuesto un Estado mínimo, no deben aspirar a venderle publicidad al sector público. Y si antes le vendieron publicidad a las instituciones del Estado, es que btienen para merecer una multa fuera de toda proporción. 

 

Profesor de Derecho de la Información, UNAM
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