Impunidad-arbitrariedad. Alojados el fin de semana en diferentes prisiones y por distintos hechos, los medios pasaron por alto los delitos que se les atribuyen a Rosario Robles, Carlos Ahumada y Juan Collado para centrarse en el dudoso delito (si alguno hubo, ya habría prescrito) de su publicitada participación en los videos que en 2004 exhibieron al entonces hombre fuerte del ahora presidente López Obrador, recibiendo de un contratista pacas de billetes de dólares. Así fue que surgió el debate sobre el probable móvil de la venganza tras el discurso de que no hay venganza. En el caso más resonante, la percepción de impunidad de Robles al salir a la luz en 2017 la llamada ‘estafa maestra’, se empató, a raíz de su controvertido arresto, con su calificación como víctima de la arbitrariedad de un juez ligado al nuevo establishment. Y así Rosario alterna ahora el papel de réproba que ve interrumpida su impunidad con el de prisionera por una arbitrariedad.
Sin prejuzgar sobre las responsabilidades que lleguen a fincarse a los tres, otra vez se enredan los protagonistas de un juicio de responsabilidades en el círculo vicioso de la impunidad y la arbitrariedad. Lo advierte en México el jurista Elisur Arteaga en su muy actual prólogo de 1982 al clásico de don Raúl F. Cárdenas, Responsabilidad de los funcionarios públicos. Si comparamos la recepción pública del caso actual con los encierros en las últimas décadas de exintegrantes de gabinetes presidenciales, nunca se había transitado tan velozmente de la percepción de impunidad de un funcionario del pasado, a la de víctima de la arbitrariedad del gobierno en funciones.
En efecto, llevó años de tesonera defensa periodística de Jorge Díaz Serrano (Pemex) cambiar su imagen de símbolo de impunidad por la de quien arbitrariamente ha sido encarcelado como víctima del clima pervertido por la debacle económica del momento. Los castigos a Méndez Docurro (Comunicaciones) y a Eduardo Pesqueira (Agricultura) caen en otro de los supuestos del profesor Arteaga: los juicios contra los caídos en desgracia. Y el encarcelamiento de Félix Barra (Reforma Agraria) en el gobierno de JLP, fue percibido muy pronto como desquite del procurador y terrateniente Óscar Flores por las expropiaciones que el procesado instrumentó en la presidencia de Luis Echeverría.
Corromper la lucha anti corrupción. En este círculo vicioso, la arbitrariedad termina corrompiendo el combate a la corrupción. Y la arbitrariedad impune agrega una nueva capa a las percepciones de impunidad del poder. Lástima. Era la oportunidad de romper el círculo y continuar con el script de civilidad iniciado con tan altas expectativas: un expediente del dominio público para fincar responsabilidades y poner fin a impunidades aparentemente extendidas, frente a la defensa resuelta de una acusada que confió en contar con las garantías de la Constitución. No había necesidad de ensuciar esta historia contra una imputada dispuesta a hacer frente a los cargos en un sistema penal acusatorio que le garantizaba seguir el proceso en libertad. Éste, entre otros derechos constitucionales presuntamente conculcados y entre otras muestras de hostilidad del juez, cimentaron la percepción de arbitrariedad.
Los motivos de Padierna. Esta percepción se ahondó por las versiones sobre los motivos del juez Delgadillo Padierna para ordenar un encierro de alto riesgo para la credibilidad del nuevo sistema penal, para la reputación del nuevo régimen y para el prestigio de capacidad e independencia del juez, expuesto ahora como arbitrario vengador de la exhibición de su tío político, René Bejarano, mano derecha entonces de AMLO, en un escándalo que no ha perdido actualidad. ¿Cómo liberar de la peste de la arbitrariedad el saludable combate a la impunidad?
Profesor Derecho de la Información UNAM
