El botín de Brooklyn y el Plan B. El veredicto de culpable dictado ayer contra García Luna desató en segundos un ánimo celebratorio y persecutorio en el oficialismo contra los presidentes en cuyas administraciones trabajó el expolicía. La pulsión inquisitorial se extiende también a otros personajes identificados con la defensa ciudadana del régimen democrático, que permanece bajo el asedio del presidente López Obrador. De hecho, el veredicto de Brooklyn, tema estelar en palacio nacional, coincide con la conclusión, hoy, del proceso legislativo por el que quedará aprobado el Plan B de “descuartizamiento” del INE ordenado a sus legisladores. En paralelo, el desquiciamiento y la desesperación del Ejecutivo y sus secuaces por la creciente ola ciudadana movilizada a favor de preservar el sistema de elecciones libres y competitivas los ha llevado a repetir que la concentración del próximo domingo en el Zócalo y decenas de ciudades se realizará en defensa de García Luna y de la corrupción, en un plano de homologación de culpas: las que ahora recaen sobre el exsecretario de Seguridad Pública y las atribuidas por el presidente a la ciudadanía por supuestamente defender, junto a la democracia, a la corrupción. Es el botín que recoge ahora el régimen de la Corte de Brooklyn, junto a la aprobación aquí de las reformas inconstitucionales para desmantelar al INE.
Culpable, toda resistencia a la destrucción. Con el formidable aparato de propaganda de un presidente concentrado en prolongar su poder más allá de 2024, pasando sobre lo que haya que pasar, la condena del policía estrella de los primeros gobiernos de la transición democrática, en la narrativa de AMLO, deviene proyectil contra la línea de resistencia a la destrucción del andamiaje democrático electoral. No sólo se trata de estirar la condición de culpable de García Luna al expresidente Calderón, como lo anticipan los adelantados de AMLO, por los cargos contra el panista por haberle ganado al actual presidente la elección de 2006. Todo indica que se intentará impregnar con esa culpa a toda organización o personalidad ubicadas —por la retórica presidencial— en el campo de los intereses corruptos del pasado.
Meses de turbulencia e incertidumbre. Asistimos al dictado del presidente contra las elecciones libres, decidido así a acaudillar a sus ‘leales’, sin las limitaciones a su poder propias de la democracia. Su Plan B se encamina a condenar ‘a los demás’ a la marginación, a una sobrevivencia, si acaso, políticamente paria, estigmatizados como corruptos conservadores. Pero, como se confirmará el domingo, ‘los demás’ constituyen un considerable y creciente sector de la población opuesto a la perpetuación del régimen por el rebajamiento a la insignificancia (Plan B) y el asalto por los suyos (Plan C) al hasta hoy independiente Instituto Nacional Electoral. La posibilidad (incierta) de contener el Plan B quedará, tras su aprobación de hoy en el Senado, en manos de la Suprema Corte. Y quizás el Tribunal Electoral pueda hacer algo frente al grotesco Plan C. Pero el desenlace llevará meses de incertidumbre y turbulencia, rumbo a la elección presidencial de 2024.
La hora de la ciudadanía (calumniada). Con la deserción de AMLO de la causa de la “República representativa, democrática, federal”, que nuestra Constitución le atribuye a la “voluntad del pueblo mexicano”, y con la deriva autocrática, centralizadora de todas las decisiones nacionales en el “Supremo Poder Ejecutivo”, incluyendo las relativas a la organización de las elecciones, es la ciudadanía la que parece despertar a la causa republicana. Y de allí el empeño presidencial en demeritar su movilización contra la muerte de la democracia con injurias y calumnias, como la de homologarla con el culpable de Brooklyn.
Profesor de Derecho de la Información. UNAM
