Fraude a la Constitución. La alteración de las disposiciones medulares de la Constitución, al grado de abolir su sistema democrático liberal y suplantarlo por una autocracia sofocante de derechos y libertades, llevó al destacado profesor de derecho venezolano Alan Brewer Carías a enderezar un recurso de fraude a la Constitución contra el autócrata Hugo Chávez. Se requería, sostuvo el profesor, elegir una asamblea (un Congreso) Constituyente, porque de hecho se trataba de una nueva Constitución. Como aquí.
Contra las autonomías. A la edad actual del régimen de AMLO/Sheinbaum (poco más de siete años) Chávez ya había barrido —como aquí, también— con buena parte de las normas e instituciones democrático-liberales, significativamente la autonomía de las instituciones electorales y la del Poder Judicial. Y no sólo no prosperó el recurso de Alan, sino que su autor fue perseguido por los más graves delitos contra la seguridad del Estado y no tuvo más remedio de emigrar a Nueva York, donde se desempeña —o se desempeñaba, porque ya anda por los 88 años— como profesor en la Universidad de Columbia.
Fobia. Intrínseca a los regímenes populistas, la fobia contra las autonomías se dirige ahora contra lo que le resta de independencia al árbitro electoral, el ahora INE. El vocero de la comisión para la contrarreforma política anunció la abolición de las garantías de legalidad, imparcialidad, objetividad, equidad, certeza, profesionalismo, independencia y máxima publicidad que aportó a los procesos electorales, hasta hace tres años, un árbitro electoral autónomo. El régimen se dispone, así, a terminar de desmontar cada una de las últimas piezas diseñadas en cuatro décadas del largo camino a la conformación de una república democrática real. Ahora le toca a la autonomía del árbitro electoral, alcanzada hace 30 años, y pronto sabremos el destino final de la representación proporcional de la pluralidad política del país, que dio sus primeros, importantes pasos, 40 años atrás.
Una pieza maestra. En la década de 1990, la pieza maestra que le faltaba a la transición democrática mexicana era, en efecto, el otorgamiento de autónoma al árbitro electoral. Ello, tras una historia de controversias periódicas originadas en el control de los procesos electorales por la Secretaría de Gobernación, como ocurrirá nuevamente ahora que el INE pase a ser una unidad administrativa —como lo sugirió Pablo Gómez— de esta u otra dependencia directa del Ejecutivo. La figura de la autonomía del árbitro se perfiló en los acuerdos que condujeron a integrar el Consejo del entonces IFE con ciudadanos independientes del régimen y el partido dominante en aquel tiempo, a unas semanas de la elección presidencial de 1994. Fue un momento clave para encauzar ese proceso, precedido por el levantamiento del EZLN y el asesinato del candidato presidencial puntero, Luis Donaldo Colosio. En 1996 alcanzó rango, que seguro perderá en este 2026.
Emperador de las Américas. Ante amenazas externas, los gobernantes suelen llamar a la unidad interna, deponer actitudes divisorias e incluso ceder a demandas ciudadanas postergadas. Aquí ocurre lo contrario. Se vislumbra una línea dura. Acaso confiada en un telefonema como apaciguador del autoproclamado emperador de las Américas, la Presidenta descalificó a sus críticos como anhelantes de las tropas estadounidenses.
‘Derecho a la intolerancia’. De allí a privarlos de la nacionalidad, como hizo Ortega en Nicaragua, hay un paso. Puede invocar su supuesto derecho de réplica, como hacía López Obrador. Pero, desde el poder, se invoca así a un supuesto derecho a la intolerancia, contra el que advertía Reyes Heroles. Cuando no se tolera —alertaba— se incita a no ser tolerado y se abona el campo de la fratricida intolerancia absoluta, de todos contra todos.
Académico de la UNAM