Lo militar / electoral. Si el proyecto nacional se expresa en el presupuesto, las fuerzas armadas (Ejército, Marina y Guardia Nacional) tendrán, en 2022, diez veces más peso que la organización de elecciones democráticas confiables: 200 mil millones contra menos de 20 mil del INE. Y el castigo presupuestal a las instituciones garantes de la democracia no se limita al plano federal: los estados también han devaluado en un 60% la importancia de sus árbitros electorales al dejarlos sólo con poco más de un tercio de los recursos asignados el año anterior. Ecuación del diablo de aquí al 2024: estructuras democráticas debilitadas, más estructuras militares fortalecidas, más un protagonismo castrense multiplicado en las funciones civiles del gobierno.
Los atajos. Los escollos para exterminar al INE —Morena dixit— por la vía parlamentaria de reformas a la Constitución, quizás llevaron al presidente López Obrador a explorar atajos. Por ejemplo, reventarlo con un recorte del 30 por ciento de su presupuesto y una carga adicional de un proceso revocatorio equivalente en gasto a una elección federal. O disolverlo de facto con actos arbitrarios. No se ha reincidido en la vía Macedonio de amagar con irrumpir en las viviendas de los consejeros, pero el presidente abona el terreno de la agresión con sus descalificaciones cotidianas, mientras sus secuaces en la Corte, en el Congreso y en su partido —para congraciarse con Palacio— diseñan y sondean golpes de mano y otras fórmulas de disolución.
Policía bueno. Cuando sus secuaces provocan reacciones contraproducentes en la opinión pública, el presidente aparece como el ‘policía bueno’ que les hace ver a los ‘rudos’ lo “inconveniente” de una acción. Así ocurrió con la denuncia penal del presidente de la Cámara de Diputados contra los miembros del Consejo del INE que votaron por suspender el proceso revocatorio en tanto se carezca de los recursos para realizarlo conforme a la ley. Pero el presidente no desautorizó la idea de defenestrarlos por la vía del juicio político, propalada por el presidente del partido oficial.
Otros planes. Incluso los cinco consejeros del INE nominados por AMLO rechazaron la operación punitiva contra sus pares y suscribieron con los seis no nominados por el presidente, el acuerdo del órgano rector del INE en el sentido de que, en un Estado Democrático de Derecho, las diferencias de opinión y de votos no se persiguen como delitos. Pero las autocracias sustentadas en el desquiciamiento del entramado institucional de los estados democráticos de derecho, tienen otros datos, otros planes y otros calendarios. Y en esa ruta, el presidente no parece dispuesto a esperar a llenar una vacante más en el Consejo del INE para ponerlo bajo su control, ni a la elección de su nuevo presidente en 2023, en que termina el periodo de Lorenzo Córdova. Mucho menos se ve una voluntad de aguardar a que quede en suspenso, como la eléctrica, su iniciativa de reformas constitucionales para controlar, ya sin INE, los procesos y los resultados electorales desde palacio.
Prisas y prioridades. En este tema, el presidente no acepta demoras. Para empezar, en su maniobra de autoritarismo plebiscitario con la que ha desnaturalizado el proceso revocatorio. Para él, los escrúpulos legales del INE son tortuguismo burocrático y distractores antidemocráticos. Y en respuesta adelanta su capacidad propagandística para convertir cualquier resultado en mandato renovado para profundizar en su empresa de perpetuación en el poder. Y nada más ajeno a ello que un INE empecinado en ajustar a la ley elecciones y proceso revocatorio, incluyendo la asignación de los recursos requeridos, que el oficialismo le niega a pesar de significar apenas el gasto de una semana de lo asignado a las fuerzas armadas. Cuestión de prioridades.
