Cuando recién ganó Joe Biden la presidencia, escribí en este diario lo siguiente: “Con Joe Biden las cosas podrían ser muy distintas, en la medida en que su agenda sí choca con la de AMLO, y quizá ponga mayor interés en lo que se hace en México en esos y otros temas. Eso, a partir del cálculo que lo que aquí suceda puede repercutir allá en cierta medida, para bien o para mal. El artículo publicado por el ex-embajador Jeffrey Davidow así lo apunta, quien además recomienda a AMLO que entienda las nuevas circunstancias y aproveche la oportunidad para repensar sus políticas. AMLO debe saber ya que dicho desafío puede ocurrir, y podría poner en riesgo la esencia misma de su proyecto, ese que presuntamente transformará a México para bien… No se puede descartar que AMLO se envuelva en la bandera del nacionalismo y la defensa de la soberanía, ofreciendo mayor resistencia. Presentaría en su discurso a Biden como el masiosare `extraño enemigo’ de la actualidad. De ser el caso, justificaría su audaz y riesgosa postura emulando a Lázaro Cárdenas y su nacionalización petrolera” (EL UNIVERSAL, 16/Nov/20).
Esta tesis, sostenida por muchos analistas, fue desmentida por los obradoristas, quienes señalaban que Biden no mostraría ninguna molestia o protesta por la política eléctrica de AMLO. El caso es que el presidente continuó con sus afrentas y desafíos a Biden, al grado incluso de amenazar con… ¡desmantelar la Estatua de la Libertad! Biden, quien ha sido sumamente respetuoso con nuestro presidente, no se quedó con los brazos cruzados, e inicia las consultas por presuntas violaciones al T-MEC. Ante lo cual, AMLO, lejos de reaccionar como un estadista, lo hace como un demagogo de baja estofa, propio de una república bolivaria-nanera. Sabe que eso es lo que gusta a sus leales, y ahí está su prioridad; garantizar el triunfo de su partido en 2024. Lo demás es lo de menos. Si México tiene que pagar por esto, peor para México.
Dicen los obradoristas que la política interna prevalece sobre los tratados internacionales; de nuevo, desconocimiento. El artículo 27 de la Convención de Viena sobre derecho internacional, señala: “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”. Pese a lo cual, la secretaria Nahle de Energía, buscando justificar la política mexicana, difundió el artículo 8.1 del T-MEC, que estipula: “México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna, y… tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional…”.
Aparentemente esto daría razón al gobierno mexicano, pero resulta que se refiere a los hidrocaburos, no a la energía eléctrica, que es el motivo del conflicto. Probablemente el comisionado Antonio Seade no explicó bien al presidente los términos del Tratado. Dicen varios expertos (de nuevo, sin ser escuchados), que esto podría costar a México grandes multas, además de contribuir, nuevamente, a generar mayor desconfianza a los inversionistas nacionales y extranjeros. Y sin inversión suficiente, hay menos crecimiento, menos empleo, menos ingresos, menos impuestos. En todo caso, si a nuestro gobierno no le parecían los términos del T-MEC, ¿para qué lo ratificaron? Por lo pronto, se recurre de nuevo al epíteto de “Traidores a la Patria” a quienes, por motivos técnicos y pensando en el interés económico de México, cuestionan la posición del gobierno.