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La prevista exoneración de Cienfuegos

José Antonio Crespo

Cuando fue capturado en Estados Unidos el General Salvador Cienfuegos, el país entero fue tomado por sorpresa. Muchos de los ideólogos y porristas del obradorismo interpretaron ese hecho como un éxito de la política anticorrupción del presidente, señalando incluso que los presidentes del PRIAN hubieran avisado al General para que no fuera al vecino país del norte. Y daban por hecho que, tratándose del secretario de Defensa de Enrique Peña Nieto, era culpable, pues todo lo que viene del Antiguo Régimen es corrupto por definición. Pero justo la decisión presidencial de no prevenir al General, fue tomada por el Ejército como una deslealtad, y a Amlo le hicieron llegar el enojo de los altos mandos y de la institución en general. Ante lo cual, el presidente quiso deslindar al Ejército de toda complicidad con Cienfuegos. Pero eso no bastó.

Por lo cual, buscó que al General se le permitiera regresar a México para ser juzgado aquí. El gobierno de Donald Trump accedió, pero aclarando que no se le había declarado inocente, sino que sólo se suspendía su proceso para ser continuado en México. Los obradoristas, fieles creyentes de que la aplicación de la ley en este gobierno se hace a partir de criterios jurídicos y no políticos, apostaron a que aquí sería juzgado el General con toda severidad, y que haberlo traído a México era sólo una reivindicación de la soberanía nacional. Sería la prueba fehaciente de que la lucha contra la corrupción y la impunidad de Amlo, va en serio.

En ese entonces escribí en este espacio: “Se cumplirá la formalidad de la investigación, y el discurso insistirá en que aquí no se protege a nadie, que se acabó el tiempo de la impunidad, pero Cienfuegos terminará exonerado al margen de la solidez o no de las pruebas disponibles, pues se trata de una decisión política, no jurídica. Preservar una buena relación con el Ejército es un objetivo más importante para AMLO que el combate real a la corrupción… Imaginemos cómo reaccionarían los militares si, teniendo ahora la gran oportunidad de exonerar al General, el gobierno mexicano lo penalizara. Ni de broma”. (“Cienfuegos y el combate a la corrupción”. El Universal, 23/XI/20). Reforma reportó una encuesta en la que 77 % de la población creía que Cienfuegos era culpable, pero 69 % consideraba que sería exonerado por el gobierno (Nov/20). Es decir, el público consideraba mayoritariamente que en México prevalecen aún los criterios políticos sobre los jurídicos. Y no se equivocó.

Amlo acusa a la DEA de haber inventado las pruebas acusatorias contra Cienfuegos (rudeza innecesaria) pero la posición oficial contrasta con la validez que se otorga a las pruebas de la misma DEA contra Genaro García Luna; ahí, ninguna crítica o duda a la labor de la Agencia. Aplica al parecer un criterio Ad hoc; bien cuando se trata de un adversario calderonista; mal cuando se acusa a un miembro del Ejército, aliado por tanto del actual gobierno. De haberse tratado no del secretario de la Defensa sino de algún otro miembro del gabinete de Peña Nieto, ¿el gobierno actual habría movido medio dedo para evitar su juicio y eventual sentencia? Difícilmente. Pero tratándose del Ejército, la cosa cambia. La rapidez con que se cerró el caso, probable producto de la presión de los militares, confirma que – de nuevo, al margen de las pruebas disponibles -, la decisión de exonerar al General estaba previamente tomada. Sólo había que cumplir una mínima formalidad. La divulgación de información confidencial dificultará la cooperación bilateral en lo futuro, que fue el argumento para solicitar el retorno de Cienfuegos. Pero ¿qué pasaría si Estados Unidos continúa la investigación, como ha dicho que podría hacer, encontrara culpable a Cienfuegos y solicitara su extradición a ese país? ¿Lo aceptaría Amlo? Difícilmente. Queda claro que entre EEUU y el Ejército, éste último es mucho más importante para el presidente.


Profesor afiliado del CIDE.
@JACrespo1
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