Justicia a la carta

José Antonio Crespo
Nación 18/10/2021 02:57 Actualizada 09:01
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Dos figuras jurídicas fueron incorporadas hace poco a nuestra normatividad; la de criterio de oportunidad (o testigo colaborador), y la prisión preventiva oficiosa. Ambas con la idea de mejorar nuestro sistema de justicia, pero que están resultando contraproducentes. No sería la primera vez que prácticas que resultan benéficas y eficaces en otras partes del mundo, cuando son adoptadas por México se desvirtúan y arrojan resultados contrarios a los que se buscan. En lo que hace a los “testigos protegidos”, lo que se pretende es que un delincuente —ya normalmente confeso o juzgado— aporte información y pruebas para incriminar a figuras más importantes (peces más gordos), que estén por arriba jerárquicamente que el propio testigo; se reducen las penas del testigo para poder capturar a alguien más importante, y cuya penalización resultaría más difícil (o incluso imposible) sin las pruebas que aquel aporte. No es mala idea, pero hay riesgos; que los testigos digan lo que les pidan las autoridades e incriminen a gente u organizaciones inocentes. Sus meros testimonios no pueden tomarse en cuenta sin pruebas fehacientes que los sustenten, pero se hace.

Hay al menos dos ejemplos recientes: por un lado, Gildardo López Astudillo (alias El Gil), uno de los líderes de Guerreros Unidos e implicado en el asesinato de los jóvenes de Ayotzinapa, fue liberado en 2019 por faltas al debido proceso. Después pactó con las autoridades para aclarar el caso, y así atrapar a peces más gordos dentro del gobierno. El Gil dio testimonios involucrando incluso al Ejército, con lo que fortalecía la tesis de grupos opositores a Peña Nieto y que contravenía la “verdad histórica” de Murillo Karam. Pero resulta que la Defensa Nacional aportó información que desmentía tal versión, tras lo cual, ¿se puede confiar en lo que dijo El Gil como testigo? En absoluto.

Y tenemos también el caso de Emilio Lozoya, delincuente confeso del caso Odebrecht, que pactó con la Fiscalía General algunos privilegios (libertad limitada a la CDMX), a cambio de información que sirva para capturar a personajes de mayor altura política (sus exjefes, principalmente). Pero su información se ha centrado en peces menores, lo que en sí mismo ya no arroja un saldo positivo para la justicia. Peor aún, cuando sus testimonios resultan tan frágiles que pueden fácilmente ser desmentidos por los imputados (claramente el caso de Ricardo Anaya).

Esperemos a ver qué sucede el 3 de noviembre en el probable caso de que Lozoya no aporte algo más sustancioso y que apunte más arriba. Con esta figura, convendría más penalizar primero a los delincuentes en cuestión, y después pactar con ellos la disminución de su pena a cambio de información pertinente y firme para acusar peces más pesados. Y sólo en esa medida se reduciría la condena.  Sería más justo y probablemente más eficaz.

En cuanto a la prisión preventiva para evitar que un sospechoso huya, está siendo utilizada con gran arbitrariedad que ha provocado la prisión de posibles inocentes antes de ser juzgados (o de acusados de delitos menores que son encarcelados sin juicio). También ha servido para venganzas personales o acoso político de adversarios que para impartir genuina justicia. Dicha figura parece contradecir algunos principios esenciales de la justicia moderna; el debido proceso, la presunción de inocencia y el paradigma de que “es mejor que un culpable quede libre a que un inocente sea encarcelado”. Esta práctica, al menos en México, ha producido exactamente lo contrario. AMLO nos ofreció que en su sexenio alcanzaríamos a los países escandinavos. Dijo en 2017 que el plan era “erradicar la corrupción, no aminorarla, no reducirla, no mantenerla a raya… ¡Acabarla, desterrarla!”. Pero, por otro lado, perdonaba la corrupción de quienes se acercaban a Morena. Dijo en 2016: “Todo el que está en el PRI y decide pasarse a Morena… nosotros pensamos que se le debe de perdonar… Al momento en que se sale del PRI, se limpió”. Extraña forma de “erradicar” la corrupción. Quizá por esto México aparece en el quinto lugar peor evaluado en materia de la corrupción, junto con países destacados como el Congo y Uganda. Pasamos en dos años del lugar 117 al 135 de 139. A ver cuáles logros presumirá en la ONU.


Profesor afiliado del CIDE.
@JACrespo1