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Consulta vs. justicia

José Antonio Crespo

No se requiere ser genio para saber que la consulta promovida por el presidente López Obrador tiene menos que ver con la democracia participativa o la justicia, que con su uso político-electoral. La consulta será la bandera de propaganda electoral de AMLO, pero también un sucedáneo del verdadero juicio legal de los expresidentes. Hay quienes piensan que la consulta ejercerá una fuerte presión para que en efecto se aplique la ley a algunos expresidentes. Yo creo exactamente lo contrario; la consulta le servirá a AMLO para decir que con eso basta y sobra. De hecho, él reconoció que se trataba de “hacer un juicio al régimen neoliberal más que encarcelar a estos personajes (los expresidentes)” (21/Feb/19). Calculo que pasada la consulta, López Obrador insistirá en que eso es suficiente castigo a los presuntos infractores, pues “no todo es jurídico”; ¿qué mayor penalidad que el repudio del pueblo? Además, no quiere tocar a Peña Nieto, pues según diversos trascendidos es él quien filtró el video sobre Pío López Obrador para frenar el embate en su contra, y se habla de que hay otros videos, incluso más comprometedores. Si acaso, AMLO actuaría contra Calderón, pero dependiendo de lo que ocurra en Estados Unidos con García Luna. Por lo tanto, más fácil le será a AMLO limitarse al linchamiento público a los presidentes neoliberales. Si hubiera verdadera voluntad de juicio, la Fiscalía General ya estaría en eso, pues no requiere esperar a lo que diga una consulta inocua.

Por otra parte, si a raíz de la consulta se instaurasen algunas comisiones de la verdad, será el Ejecutivo o la mayoría de Morena los que decidan en qué temas, con evidentes criterios partidistas. Ahí hay un espacio para la oposición, que puede y debe dar cuenta de que el SÍ puede interpretarse en esos términos, pero también en otros no necesariamente excluyentes. Es posible desear el juicio a los expresidentes sin ser obradorista (así ocurre), pero también que se indaguen algunas incógnitas del obradorismo, lo que cabe en la pregunta de la Corte; por ejemplo, el financiamiento posiblemente ilegal del movimiento de AMLO desde 2006. ¿Cómo saber las intenciones de los electores, o sus prioridades de qué quieren que se aclare? Los encuestadores profesionales podrían ayudar a despejar la incógnita. Pueden realizar varias preguntas para ver en qué está pensando el público al emitir su voto en la consulta. De esa forma no se le dejaría al presidente el monopolio de la interpretación.

Por otro lado, está el enorme costo de la consulta; 4 o 5 mil millones de pesos en el mejor de los casos para una encuesta con una sola pregunta indefinida cuya respuesta conocemos, y sin carácter claramente vinculante. Si la consulta se realizara el mismo día de la elección, los costos casi desaparecerían, pero eso acentúa su impacto político-electoral. Lo racional sería una encuesta a costo comercial (incluso con varias preguntas), y destinar el resto del dinero a cosas más urgentes (las medicinas oncológicas que se robaron, por ejemplo). El propio AMLO recién dijo (con respecto al proceso interno de Morena), que una encuesta bien hecha es también una forma de participación democrática, y que refleja muy bien el sentir del pueblo. Pero eso no ocurrirá, pues se trata del uso electoral de la consulta, que es lo que realmente importa a AMLO más que la justicia o el fin de la impunidad.

 

Profesor afiliado del CIDE.
@JACrespo1

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