AMLO: “Yo tengo otras leyes”

José Antonio Crespo

El Estado de Derecho implica el soporte indispensable para una democracia suficientemente funcional. Se trata de que quien disponga de poder llegue a él por vías legales, lo que se traduce en legitimidad que le permitirá tomar decisiones. Pero dicha legitimidad no le permitirá gobernar por encima de la legalidad para evitar abusos y arbitrariedades, ni una mayoría podrá imponer su voluntad arbitraria sobre las diversas minorías (la “dictadura de la mayoría”). Las opciones al Estado de Derecho son por un lado, la autocracia, que concentra el poder en una sola persona no limitada por la ley ni por poderes separados y autónomos. El abuso y las arbitrariedades por parte del autócrata estarán a la orden del día. O bien, los conflictos entre distintos actores o instituciones no podrán resolverse por vía pacífica y civilizada, sino que se impondrá la ley del más fuerte (anarquía).

Actualmente nuestro presidente, lejos de avanzar y fortalecer el Estado de Derecho que prometió en campaña, en realidad va en reversa. Repetía religiosamente la consigna de “Nada por fuera de la ley, nadie por encima de la ley” que resume la vigencia de un auténtico Estado de Derecho. Pero ha ido cambiando su criterio, cuando declaró que, entre la ley y la justicia, preferible lo segundo. ¿Y quién decide qué es justo y qué no? En el caso de una autocracia es el dictador quien lo define a partir de sus gustos, prejuicios, intereses y ambiciones, con clara afectación de los demás. Y en el caso de una anarquía, cada actor determina la justicia de su propia causa y la injusticia de las de los otros, provocando una confrontación abierta entre todos.

Al aprobar la famosa cláusula (Arturo) “Zaldívar”, los legisladores de Morena nos explicaron que en efecto es anticonstitucional, pero que eso no importa porque responde a una causa superior. ¿Definida por quién? Por el presidente. Se vale pues violentar la Constitución por una causa autodefinida (pero para el presidente, no para sus “adversarios”). También cuestionó el fallo del TEPJF de 2017 sobre las tarjetas rosas, en sentido de que no eran legales. Él dice que sí lo son, por encima de lo dicho por el Tribunal. La Fiscalía General “autónoma” responde a las directrices presidenciales y procede – o amenaza con hacerlo - al margen de las autoridades judiciales. Y respecto del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el Congreso local presentó una controversia de inconstitucionalidad a la Corte, y el ministro González Alcántara la desechó, no sin aclarar que el gobernador sólo podría ser procesado al término de su mandato (traducción; mantiene su fuero pues así lo determinó el Congreso de Tamaulipas).

AMLO interpretó que eso implicaba que el gobernador ya no tenía fuero, y ordenó a la FGR proceder. Ésta consiguió una orden de aprehensión de un juez, que incurre con ello en el delito previsto por el art. 225–19 del Código Penal que penaliza al juzgador que abra “procedimiento penal contra un servidor público con fuero, sin habérsele retirado éste previamente, conforme a lo dispuesto la ley”. La presidencia dijo entonces que el gobernador ya no tenía fuero pues los argumentos del ministro González Alcántara “no tienen ningún efecto jurídico ni constitucional y no son obligatorios para nadie”. Presidencia determina que sí y que no vale. Y se amenaza con desaparecer los poderes en Tamaulipas sin condiciones para ello. El presidente del Senado, Eduardo Ramírez, señaló en cambio que no hay orden de aprehensión al gobernador ni planes para desaparecer los poderes de Tamaulipas. Un proceso bastante caótico. En suma, lo que el presidente quiere decir es, “Yo tengo otras leyes”, y también, “Al diablo con su Constitución”. La anarquía jurídica en la que podríamos caer por esta vía fácilmente puede traducirse en inestabilidad política. Es esencial ponerle freno.

 

Profesor afiliado del CIDE.
@JACrespo1
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