Claudia Sheinbaum reaccionó con enojo. No con una refutación puntual ni con datos que desmontaran el fondo, sino con una descalificación total: llamó “artículo de ficción” al texto de The New York Times que plantea que el principal obstáculo para combatir al crimen organizado en México es la colusión política. Para ella, puede haber denuncias, pero no pruebas. El problema es que pruebas hay muchas; lo que no hay es voluntad para investigarlas.
En el expediente filtrado sobre el huachicol fiscal se menciona a los hijos de Andrés Manuel López Obrador como referentes dentro de la indagatoria. Además, los sobrinos del almirante Ojeda, secretario de Marina durante el sexenio anterior, han sido acusados por la Fiscalía por ser cabezas de esta trama criminal. A ello se suma que, en 2019, se designó como responsable de la aduana de Reynosa a Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, conocido como “el rey del huachicol”, asesinado en 2021 y precursor de esta práctica ilegal de contrabando.
Los Guacamaya Leaks revelaron que, desde 2019, la Sedena investigaba a Adán Augusto López en el llamado Caso Olmeca, directamente vinculado con La Barredora, organización criminal que operaba desde su gobierno en Tabasco a través de su brazo derecho, Hernán Bermúdez, entonces secretario de Seguridad y también militante de Morena.
Ismael “el Mayo” Zambada declaró haberse reunido en varias ocasiones con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y aseguró que el día de su levantamiento tenía una cita con él. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y el senador José Narro se fotografiaron departiendo con “El Jerry”, operador del Cártel del Noreste, quien desde ese día se encuentra desaparecido. A ello se suma el apoyo público que Américo recibió de la columna armada Pedro J. Méndez, identificada por la Sedena como brazo paramilitar del Cártel del Golfo.
En Guerrero, la entonces alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, fue videograbada desayunando con líderes del grupo criminal Los Ardillos. En San Luis Potosí, reportes militares señalaron presuntos acuerdos del gobernador del Verde, Ricardo Gallardo, con el CJNG. Ahí están también las imágenes de Cuauhtémoc Blanco con integrantes del Comando Tlahuica, célula del CJNG.
Las visas retiradas a decenas de políticos del bloque gobernante tampoco son ficción. En Baja California, Marina del Pilar Ávila perdió su visa y admitió que su hoy exesposo enfrenta acusaciones por delincuencia organizada. Otro de muchos casos es el de Sonora, donde al hijo del gobernador Alfonso Durazo también le fue retirada la visa por autoridades de Estados Unidos, en el marco de investigaciones por huachicol fiscal.
“El Limones”, secretario en Durango de la CATEM, sindicato liderado por el diputado morenista Pedro Haces, fue detenido y señalado como jefe de plaza del grupo criminal Los Cabrera, célula del Cártel de Sinaloa. En Michoacán, familiares del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla han sido señalados en denuncias y reportes periodísticos por vínculos con operadores de La Familia Michoacana y del CJNG.
Ahí están también las fotografías de Penilla y Ramírez, militantes de Morena y autodenominados abogados del narco, en eventos sociales y políticos junto a decenas de figuras del partido, Claudia Sheinbaum y López Obrador incluidos. Tampoco se olvida el saludo afectuoso de López Obrador a la madre de Joaquín “el Chapo” Guzmán, ni las denuncias por lavado de dinero contra Vector, la empresa propiedad de Alfonso Romo, su exjefe de Oficina.
Hay muchísimos casos más. El más reciente es la captura de Diego Rivera Navarro, alcalde morenista de Tequila, señalado como operador de Nemesio Oseguera Cervantes, “el Mencho”.
Las pruebas sobran. No se valoran ni procesan no por falta de elementos, sino por decisión política. Porque reconocerlas implicaría aceptar que el proyecto de Morena está atravesado por redes de colusión con el crimen organizado, y que desmontarlas tendría un costo que el régimen no está dispuesto a pagar. Y porque existe una presión clara, directa y permanente de Andrés Manuel López Obrador para que su círculo cercano, su herencia política y sus aliados no sean tocados ni con el pétalo de una indagatoria.
Llamar “ficción” a la realidad no es un error ni un exceso retórico: es una coartada. La decisión deliberada de negar lo evidente para encubrir lo incómodo y conservar el poder a costa de lo que sea.
Diputado federal