Ahora también es la Organización de las Naciones Unidas. El gobierno ya no solo pelea con la oposición, con la prensa crítica, con organizaciones no gubernamentales o con cualquiera que lo cuestione. Ahora decidió que un organismo internacional que documenta desapariciones es parte del problema. No porque esté equivocado, sino porque se atrevió a decir lo que aquí llevan años intentando ocultar.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU advierte que en México existen indicios de desapariciones que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, activa un mecanismo excepcional y la reacción del gobierno no es revisar, corregir o asumir. Es negar, desacreditar y victimizarse. Como si el problema fuera el informe y no los miles de personas que siguen sin aparecer.
El documento no aborda desapariciones en general. Analiza desapariciones forzadas, aquellas en las que hay participación del Estado o al menos tolerancia, apoyo o complicidad de autoridades. Ese es el punto que al gobierno le duele. Muchas desapariciones están vinculadas al crimen organizado, pero la ONU sostiene que hay patrones donde esa violencia solo podría ocurrir con permiso, omisión o colusión del Estado. En ese momento deja de ser solo crimen y se convierte en responsabilidad gubernamental.
El señalamiento no salió de la nada. Se construyó con años de denuncias, informes de organizaciones defensoras de derechos humanos, datos oficiales y trabajo en campo. Y lo que concluye es devastador. La crisis se ha agudizado, su magnitud es cada vez más alarmante y existen elementos suficientes para encender alertas internacionales. No es una opinión, es un diagnóstico técnico serio.
¿Y qué hace el gobierno frente a eso? Lo de siempre. Dice que el informe es sesgado, que no reconoce los avances y que no refleja la realidad del país. Prefiere pelearse con la ONU antes que explicar por qué en México desaparecen personas en contextos donde hay autoridades presentes, ausentes a propósito o directamente involucradas.
Lo verdaderamente insultante no es solo la respuesta, es el contexto. Hace apenas unos días, Claudia Sheinbaum presentó su informe sobre desapariciones después de más de un año de retrasos. La demora no fue porque no tuviera datos, sino porque su equipo necesitaba tiempo para acomodarlos. Y cuando finalmente lo presentó, no fue para explicar la crisis, fue para maquillarla.
Pasaron de más de 130 mil desaparecidos a reconocer apenas 43 mil. No porque hayan encontrado a nadie, sino porque borraron del mapa casi 90 mil casos con un truco administrativo. Si el expediente está incompleto, deja de existir. Si hay indicios de algún trámite hecho por la persona, entonces mágicamente deja de estar desaparecida. Si la autoridad falló en documentar, el problema se evapora. No resolvieron la crisis, la adulteraron.
El nivel de manipulación es tan burdo que se cae con sus propios datos. México tiene más de 72 mil cuerpos sin identificar. Más cadáveres sin nombre que desaparecidos reconocidos oficialmente. Esa sola cifra destruye el relato oficial. No es un error, es una operación para reducir el tamaño del desastre en el papel.
Y en medio de ese intento por borrar la tragedia, llega la ONU y les dice lo que no quieren escuchar. Que el problema es estructural, que hay responsabilidad gubernamental y que no basta con repartir culpas ni esconderse detrás del crimen organizado, al que, por cierto, “abrazan” sin pudor desde el sexenio pasado.
La respuesta del gobierno no solo es errática, es indecente. Porque no están defendiendo una postura técnica, están defendiendo una posición política. No están cuidando a las víctimas, están cuidando el arranque de Sheinbaum. Están más preocupados por el costo reputacional que por la verdad.
También están cuidando la herencia maldita de López Obrador. Él decidió desde el primer día administrar la crisis en lugar de enfrentarla. Puso en duda el registro oficial de su propio gobierno, impulsó un censo paralelo con operadores políticos, provocó la salida de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y redujo la desaparición a un simple problema de percepción. No buscó a los desaparecidos, buscó blindarse.
Las organizaciones y los colectivos de búsqueda lo dijeron sin rodeos: La respuesta del gobierno no está a la altura de la crisis. La impunidad es prácticamente total. Mientras el gobierno litiga cifras, las madres buscadoras siguen encontrando fosas y crematorios clandestinos.
No estamos frente a un simple desacuerdo con la ONU. Es la confirmación de una forma de gobernar. Primero ignoraron a las víctimas, luego manipularon las cifras y ahora rechazan cualquier intento de escrutinio serio. Es la ruta completa del cinismo.
Tenemos un gobierno que no soporta la más mínima crítica y que responde con arrogancia y soberbia ante cualquier señalamiento. Lo que no entienden es que no son sus adversarios los responsables del deterioro de su imagen. No es la oposición, no es la prensa, no es la ONU, es la realidad. Y por más que intenten negarla, borrarla o maquillarla, esa realidad ya los alcanzó. Y lo peor para ellos es que esto apenas está empezando.