La bomba de Pemex

Al asumir el cargo, la próxima presidenta de México enfrentará una tarea colosal: evitar que detone la 'bomba' activada por la política energética de López Obrador.

Petróleos Mexicanos está a punto de colapsar, absorbiendo una alta cantidad de recursos públicos y generando más pérdidas que ganancias. En esta administración, se han otorgado apoyos a Pemex por 1.5 billones de pesos.

Según Bank of America, la siguiente administración tendrá que realizar un 'profundo ajuste fiscal', y es muy probable que veamos incrementos de impuestos y en los cobros por servicios que presta el gobierno.

Por su parte, la agencia Moody's rebajó recientemente la calificación de Pemex de B1 a B3, clasificándola en el nivel de 'bonos basura'. Pemex se encuentra en una situación financiera precaria, sostenida únicamente por subsidios gubernamentales.

A consecuencia de esta degradación, Petróleos Mexicanos recibió un nuevo 'rescate' del gobierno, esta vez a través de impuestos. Pemex quedó exenta de pagar los derechos por Utilidad Compartida (DUC) y Extracción de Hidrocarburos.

A diferencia de otras grandes petroleras mundiales que generan ganancias significativas, Pemex pierde dinero en la refinación de petróleo. Registra una pérdida de casi 35 dólares por cada barril procesado, en contraste drástico con los beneficios obtenidos por empresas como Petrobras y Exxon.

La nueva refinería de Dos Bocas, prometida por el presidente como 'un gran milagro', se ha convertido en un desastre. Ubicada en una zona propensa a inundaciones y tras destruir cientos de hectáreas de manglares, su costo ha escalado a 18 mil millones de dólares, más del doble de lo proyectado inicialmente. Esta suma podría haberse invertido en la compra de refinerías ya establecidas y operativas.

Bajo la actual administración, los pasivos de Pemex han aumentado significativamente y el costo de producción por barril de petróleo ha ascendido de 30 a 48 dólares desde 2018, llevando a la empresa a tener un patrimonio negativo.

Paradójicamente, parece que el regreso a la política energética de la era de Peña Nieto, tan criticada por López Obrador, es la única salida viable.

La reforma energética del sexenio anterior, a pesar de sus críticas, presentaba una oportunidad para que el Estado mexicano generara ingresos sin incurrir en gastos adicionales por la producción de petróleo. Con ella, había empresas privadas dispuestas a invertir más de 200 mil millones de dólares en el sector. Sin embargo, la actual administración, por ideología o ignorancia, cerró las puertas a estas inversiones, perdiendo así una oportunidad crucial para el desarrollo económico del país.

Esta política no solo afecta las finanzas del estado, sino que impacta directamente en la población. Los recursos desperdiciados en una estrategia energética fallida podrían haberse utilizado en infraestructura o en programas de bienestar social.

La próxima presidenta tendrá el reto no solo de revertir estas políticas, sino también de implementar una estrategia que promueva un desarrollo económico sostenible y equitativo con una visión de futuro.

La hora de actuar es ahora, por el bien de México y su gente.