El 2025 no necesita prefacio. Se definió solo. Fue el año de la captura del Poder Judicial, la desaparición de órganos autónomos, los viajes y lujos del poder, el huachicol fiscal, la Barredora y los vínculos criminales, la violencia y el asesinato de Carlos Manzo, junto con la represión del Estado. Y, sobre todo, el año en que la censura se puso toga y se instaló en juzgados y tribunales. No hizo ruido ni necesitó golpes. No quemó libros ni clausuró imprentas. Le bastó con demandas, medidas cautelares, audiencias interminables, disculpas forzadas y la amenaza constante del proceso penal. La mordaza ya no llega con toletes, llega con sellos oficiales.
Mientras todo eso ocurre, Claudia Sheinbaum repite en cada micrófono que en México no hay censura, que la libertad de expresión es plena y que su gobierno no calla a nadie. El detalle es que nunca entra al fondo de lo que sucede en los estados gobernados por su partido, donde la censura no es relato, es rutina.
En Guerrero, el Tribunal Electoral sancionó al director de Acapulco Trends por supuesta “violencia política” contra la alcaldesa. Multa, disculpas obligatorias y cursos, mientras el trasfondo era obvio: había señalado un quebranto al erario cercano a mil millones de pesos. Después, el Tribunal Federal corrigió y desbarató la acusación, pero la señal ya estaba enviada: primero te doblamos, luego vemos si nos excedimos.
Puebla siguió en la misma ruta. Surgió el “ciberasedio”, un tipo penal tan elástico que abarca desde el acoso real hasta la crítica incómoda al gobierno, con penas de cárcel por “insultar” en redes. Al mismo tiempo, el propio gobernador ha usado la tribuna pública para estigmatizar a comunicadores, lanzar acusaciones desde el micrófono oficial e incluso montar secciones inquisitorias como el “Detector de mentiras” en sus conferencias.
Campeche dejó de simular y fue por todo. Layda Sansores convirtió al medio Tribuna en ejemplo de cómo usar el poder para callar críticas. Cierre del portal, prohibición de ejercer el periodismo y la cereza autoritaria: un censor judicial que revisa de antemano lo que el medio publique sobre el gobierno. Eso es censura previa. Los columnistas dejaron de firmar y el medio dejó de tocar a la gobernadora. No es prudencia, es supervivencia.
El caso “Dato protegido” se volvió emblema de cómo una figura legítima, la violencia política de género, se deformó en mazo contra la crítica. Una ciudadana obligada por el Tribunal Electoral de Sonora a disculparse diariamente durante un mes por un tuit incómodo, recitando un texto dictado por la autoridad. Mientras tanto, los lujos de la legisladora y de su esposo, también diputado, estallan en escándalo. Transparencia hacia abajo, opacidad hacia arriba. País al revés.
Fernández Noroña coronó un año de excesos y bravuconadas con el episodio grotesco de llevar al Senado a un ciudadano a ofrecerle disculpas públicas por increparlo en el aeropuerto. En el pleno, el poder sentado y el ciudadano expiando. Democracia de utilería.
Resalta el caso de Héctor de Mauleón y EL UNIVERSAL. Tras una columna en la que mencionó a Tania Contreras, hoy magistrada en Tamaulipas, el tribunal local ordenó bajar el texto y prohibió nuevas publicaciones sobre ella. Otra vez censura previa contra un periodista por tocar intereses incómodos.
Y el año terminó como empezó. En Veracruz, la detención de Lafita León por incomodar a las autoridades estatales. Y otra vez en Puebla, la vinculación a proceso de Rodolfo Ruiz tras denunciar una audiencia parcial por investigar al poder. Así cierra 2025: periodistas procesados, detenidos, vigilados, mientras los gobiernos insisten en que aquí nadie censura a nadie.
El patrón es claro. La crítica no se prohíbe: se encarece y se llena de riesgos. Se la ahoga con trámites, audiencias, abogados, disculpas, multas y censores con aval judicial. La bala fue sustituida por el expediente. La mordaza se impone con sellos oficiales.
Sí, 2025 fue el año de la censura. Lo viejo es el impulso del poder por callar. Lo nuevo es el disfraz: hacerlo sonriendo, citando la Constitución, hablando de derechos y asegurando, con seriedad, que en México hay plena libertad de expresión.
Diputado federal