En los próximos días iniciaremos una etapa crucial para esta 65 Legislatura en la Cámara de Diputados. La discusión de un tema que va a definir el futuro de México, así como su relación con el resto de los países en el mundo. La Reforma Constitucional en Materia Energética que ahí se apruebe puede representar un avance o un retroceso mínimo de 40 años para el país.

En Acción Nacional estamos absolutamente convencidos de que la iniciativa atenta contra principios constitucionales y de avance democrático para el País: el libre mercado, la competitividad y nuestro medio ambiente. Privilegia el control estatal, con el desenlace que la historia siempre nos ha mostrado: el encarecimiento de la producción de electricidad y el consecuente incremento en su costo ya sea para el consumidor final o para el Estado mismo por subsidiar y controlar los precios.

Porque esta reforma propuesta por el gobierno tiene el “dardo envenenado” del mecanismo del Subsidio para ocultar de inicio el incremento en el recibo bimestral, que presionaría a las finanzas públicas, incrementando el déficit y afectando la calidad de los servicios públicos de por si deteriorados ante los recortes presupuestales del gobierno.

Lo que pretende es regresar a un modelo en el que el Estado conduzca por completo el Sistema Eléctrico Nacional, a través de la CFE, mediante la centralización y monopolio de la Industria Eléctrica, determinando que AL MENOS el 54% del mercado sea absorbido por la CFE (redacción engaña bobos) y el resto por privados, afectando la competitividad, incrementando las pérdidas por la ineficiente operación de la Comisión y afectando en última instancia a los consumidores.

Además, propone la cancelación a la iniciativa privada de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y sus contratos de compraventa de electricidad, lo que provocaría un serio desabasto que multiplicará los apagones por todo el país.

La opacidad que ha sido el sello de este gobierno, es evidente, al impulsar la desaparición de los órganos reguladores como la CNH, CENACE y la CRE, que hoy actúan de forma autónoma, con lo que se encamina al sector energético al retorno del antiguo monopolio del Estado, con lo que el estado se convierte en juez y parte.

Se promueve la cancelación de los certificados de energías limpias, que impactará en mayor contaminación, ocasionando además que, ante la comunidad internacional, estaremos violando los tratados internacionales que han sido ratificados por México.

Lo decimos claro y fuerte, con nosotros no cuenten para un retroceso en nuestra legislación vigente. Nos presentaremos al debate con argumentos sólidos y concisos, mostrando por qué es una reforma retrógrada, no vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia que sea aprobada al vapor y de manera facciosa.

Exigimos un Parlamento Abierto en donde todas las voces sean escuchadas, involucrando a funcionarios públicos, especialistas, académicos y beneficiarios o perjudicados directos.

La posición del Partido Acción Nacional, es votar en contra de esta y cualquier otra Reforma Constitucional que suponga un retroceso para México.

Coordinador del PAN en la Cámara de Diputados.

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