Como ya es costumbre del actual titular del Ejecutivo, en días pasados se anunció que por decreto presidencial se trasladará el mando operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa (Sedena), con lo cual nuevamente se pretende pasar por encima de la Constitución que establece que esta institución policial será de carácter civil; incluso desde su creación se previó que los elementos de las fuerzas armadas que la integran, deberían salir de sus filas a más tardar en 2024.
Este anuncio no solo nos sorprendió en México sino también a nivel internacional; específicamente la ONU solicitó al presidente mantener el carácter civil de la Guardia Nacional.
Desde 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a México y estableció elementos estrictos del uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y en 2019 el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (CCPR) llamó al Gobierno de México a desmilitarizar la Guardia Nacional en un plazo de dos años
Pero tal parece que a la 4T no le queda claro que la militarización debilita la seguridad pública y la institucionalidad democrática, como lo observan las instancias internacionales. En el mundo, la seguridad pública es predominantemente civil; por el contrario, las dictaduras suelen tener países militarizados; ¿Será acaso eso a lo que se pretende llegar?
El Presidente cree que con decretazos puede manejar este país, olvida que la Guardia Nacional tiene un carácter constitucional de origen civil; así está establecido en el artículo 21 y así permanecerá, ya que la alianza legislativa de Va Por México no dará un solo voto para lo contrario y, tal como lo anunciamos meses atrás, la moratoria constitucional la aplicaremos cuando las propuestas del ejecutivo sean regresivas y dañinas a nuestro marco jurídico. Contamos con el respaldo de las y los ciudadanos que confiaron en nosotros en las pasadas elecciones y nos dieron el poder de ser un contrapeso en la Cámara de Diputados y frenar las acciones autoritarias del Presidente.
Hemos visto que su campaña de “abrazos y no balazos” no sólo no ha sido efectiva, sino que en muchas regiones del país la seguridad de los ciudadanos está fuera de control, como lo pudimos observar la semana pasada en ciudades del centro y occidente del país y durante el fin de semana pasado en ciudades de estados de la frontera. Pero el militarizar la seguridad pública no es la solución y el presidente lo sabe muy bien, ya que cuando era candidato, reiteradamente señalaba que el ejército no debería de estar en las calles, sino en los cuarteles. Tal parece que la única “transformación” es la suya, pues se convirtió en lo que tanto combatió.
En el 2000, la SCJN analizó el papel de las fuerzas armadas y determinó que es posible que ayuden a las autoridades civiles en temas de seguridad pública, con las siguientes condiciones:
Las fuerzas armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles, solamente cuando éstas soliciten el apoyo y el mismo sea temporal.
Que en su actuar en la seguridad nacional se garanticen los derechos humanos y que debe existir una solicitud expresa temporal, fundada y motivada.
Las fuerzas armadas están constitucionalmente facultadas para actuar por órdenes del Presidente de la República, cuando sin llegar a los extremos de invasión, se dé una perturbación grave de la paz pública o de cualquier caso que ponga a la sociedad en grave peligro.
En Acción Nacional se ha demostrado que se puede llevar la seguridad pública bien y con excelentes resultados, como es el caso del estado de Yucatán, el estado más seguro del país. Ahí se ha consolidado a la policía estatal, bajo el modelo de excelencia, a través de su capacitación y dignificación de su trabajo, así como inversión en tecnología de punta para un sistema de video vigilancia.
La alcaldía de Benito Juárez es a su vez evaluada como la alcaldía más segura de la Ciudad de México con el “Programa Blindar Benito Juárez”, la cual cuenta con elementos de proximidad que están presentes en cada cuadrante y siempre listos para responder al llamado de la ciudadanía. Esto ha permeado en las alcaldías gobernadas por la oposición con excelentes resultados como en Miguel Hidalgo.
El modelo de centralización y militarización y de austeridad de este gobierno no es el camino correcto. Hay que invertir en seguridad para que las y los mexicanos vivan en paz, y le exigimos a la bancada oficialista y al gobierno federal que reorienten el rumbo de México en materia de seguridad pública para el bien de las y los mexicanos.
Diputado, coordinador del GPPAN
