La polémica por las nueve camionetas blindadas adquiridas para ministros de la Suprema Corte de Justicia dejó una pregunta de fondo sobre la manera en que el nuevo Poder Judicial se mira a sí mismo y sobre cómo quiere ser visto por la sociedad a la que sirve.
Los hechos son conocidos. A finales de 2025 se adquirieron nueve vehículos blindados, uno para cada ministro, bajo el argumento de que las unidades anteriores ya no cumplían con estándares mínimos de seguridad. Días después, ante una reacción social intensa, el Pleno anunció que siempre no los utilizaría y que se analizaría su devolución o reasignación. En las explicaciones públicas se reconoció, además, que hoy día no existen amenazas específicas contra ministros, y que bien podrían moverse en transporte público.
La mayoría de los analistas ha defendido dos ideas que conviene revisar con calma. La primera es que los autos de los ministros requieren de blindaje. No termino de compartir esa afirmación. La Corte no interviene en casos individuales de delincuentes peligrosos ni decide sobre intereses criminales concretos; resuelve controversias sobre constitucionalidad y lo hace de manera colegiada. Entonces, pensar que un grupo delictivo obtendría un beneficio real atentando contra una persona del Pleno resulta poco convincente. En cambio, hay muchos juzgadores que sí enfrentan riesgos reales y cotidianos porque dictan aprehensiones, autorizan cateos e intervenciones de comunicaciones, imponen medidas cautelares y dictan sentencias en contextos de alta violencia. Ahí la protección reforzada sí que tiene sentido y es prioritaria.
La segunda idea es que los ministros no deberían contar con vehículos pagados por el erario. Aquí mi postura es distinta. Es razonable que quienes encabezan un órgano constitucional cuenten con movilidad institucional financiada con recursos públicos. No se trata de un privilegio en sí mismo, sino de una herramienta de trabajo. El problema aparece cuando esa movilidad se satisface mediante camionetas de alta gama, pues ello confunde función pública con estatus y vanidad personales y, al mismo tiempo, envía un mensaje de lejanía frente a los justiciables, como si quienes integran la Corte habitaran en un plano superior distinto al de la ciudadanía a la que deben servir.
La decisión de no utilizar las camionetas fue una rectificación, pero también fue una reacción a la presión social generada por una incongruencia evidente. Esta Corte, integrada hace poco y con algunos perfiles indudablemente calificados, todavía construye su legitimidad; y la legitimidad no se decreta ni se hereda, se gana día a día con congruencia entre el discurso y los actos.
La pregunta que deja el affaire de las camionetas de lujo sigue abierta. ¿Como garantizar seguridad sin proyectar privilegios que antes se cuestionaron? La respuesta no está en negar la movilidad institucional ni en argumentos defensivos después del escándalo; tampoco en cuestionar cualquier gasto público autorizado por el Poder Judicial. Está en la formación de nuevas reglas claras, decisiones proporcionales y la idea simple, que conviene no perder de vista, de que la autoridad se fortalece cuando el poder se ejerce en congruencia y con mesura. Allí el desafío de nuestra Suprema Corte de Justicia.