Hay guerras que se libran en una cama, entre sábanas húmedas, con el techo como único paisaje y un reloj que administra el dolor con perversidad. Demasiado lento cuando se sufre, demasiado rápido cuando se espera una justicia que no termina de llegar. En una de esas guerras estuvo Noelia Castillo.
Tenía 25 años y 601 días de espera acumulada cuando por fin pudo acceder a la eutanasia que la ley española reconoce desde 2021. No estaba pidiendo una gracia ni mendigando compasión. Estaba reclamando un derecho. Y aun así, tuvo que pelearlo como quien defiende un territorio que otros consideran suyo. Ese solo hecho debería ser suficiente para indignarnos; también para recordar una cuestión que en México seguimos aplazando: ¿de quién es una vida cuando el dolor la vuelve irreconocible para quien la habita? ¿De la familia? ¿De un tribunal? ¿De la conciencia de gente que jamás pisó esa habitación? España tardó en responderlo. México ni siquiera ha empezado a preguntárselo en serio.
Lo que vivió Noelia fue algo peor que un procedimiento burocrático. Fue un laberinto con trampas. Recursos judiciales, oposición de su padre, campañas ideológicas que usaron su nombre como bandera sin preguntarle si quería serlo. Mientras parte del país debatía en abstracto sobre moral y dignidad, ella seguía ahí, en lo concreto, haciendo algo infinitamente más duro que opinar. Soportar.
La victimología tiene nombre para eso. Se llama victimización secundaria, y ocurre cuando el daño ya no viene del padecimiento original sino de la respuesta institucional y mediática que se construye alrededor de la persona. Cuando el sistema, en lugar de aliviar, añade peso; cuando obliga a repetir el dolor ante desconocidos, a justificarlo, a exhibirlo como prueba. Noelia no cargó sólo con su enfermedad. Cargó también con la incomodidad de todos los demás. En México, sin ningún marco legal que siquiera reconozca esa conversación, el peso sería todavía mayor. Aquí, quien sufre sin remedio carga con el dolor y con el silencio del Estado.
Sería deshonesto ignorar las objeciones. Las hay, y algunas nacen de convicciones genuinas. La Iglesia, por ejemplo, sostiene que la vida no nos pertenece y que la muerte voluntaria fractura algo esencial en la ética del cuidado. Es una postura coherente dentro de su propio universo moral, y por supuesto que merece ser escuchada. Lo que no merece una democracia plural, ni la española ni la mexicana, es que esa convicción se convierta en cerrojo para todos. La fe puede orientar una vida. No puede gobernar la ajena.
El caso de Noelia, más que hablar de la cultura de la muerte, habla de una cultura de la demora, de la tutela excesiva, del miedo institucional a reconocer que la dignidad también consiste en poder decir basta. Y ese miedo, en México, tiene camas concretas, nombres concretos y sufrimientos concretos que nuestros legisladores prefieren no ver porque verlos les obligaría a actuar.
Defender la vida es una cosa. Imponerla como condena es otra muy distinta. Y seguir mirando hacia otro lado mientras personas en situación de sufrimiento irreversible no tienen a dónde recurrir es abandono institucional. México le debe a sus ciudadanos esa conversación. No mañana. Ya.
Abogado penalista.
X: @JorgeNaderK
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