La explicación sobre el caso de los mineros de Concordia apunta a una confusión. Un grupo criminal habría interpretado equivocadamente su presencia en la zona como parte de una célula rival y actuado en consecuencia. La autoridad ha informado detenciones y sostiene que la investigación continúa. Ese planteamiento merece ser tomado con seriedad. Investigar con rigor, acreditar responsabilidades con pruebas y ofrecer resultados verificables es una obligación constitucional y una exigencia ética frente a las familias.
Sin embargo, incluso si aceptamos la hipótesis de la confusión, el caso obliga a mirar más lejos. Porque el detonante puede ser circunstancial, pero el contexto no lo es. Lo que debe preocuparnos no es solo el error, sino el entorno que permite que un error armado derive en la privación de la libertad de trabajadores y, días después, en el hallazgo de fosas clandestinas.
No podemos ignorar que en ciertas regiones del país se ha ido consolidando una forma de control territorial que opera al margen del Estado. No siempre se manifiesta en enfrentamientos espectaculares. A veces se expresa en algo más sutil y más profundo. La necesidad de contar con un permiso tácito para trabajar, para circular o simplemente para estar. Un permiso que no está en ninguna ley, pero cuya ausencia puede traducirse en violencia.
En la práctica, muchas actividades económicas cumplen con todas las exigencias formales. Se gestionan concesiones, se pagan impuestos, se observan normas ambientales y laborales. Y, aun así, subsiste un tercer filtro informal que determina si la actividad podrá desarrollarse sin interferencias. Ese filtro no se publica en el Diario Oficial, pero se conoce en el territorio. Es una autorización de facto que clasifica, permite o impide.
La versión de la confusión no contradice esta realidad. Si un grupo armado puede interpretar la presencia de trabajadores como amenaza y actuar bajo esa lógica, es porque ejerce una forma de autoridad paralela. En ese escenario, la seguridad deja de ser un derecho garantizado universalmente y se convierte en una condición sujeta a dinámicas criminales. Sin lugar a dudas, esa es la parte estructural del problema.
Es fundamental que la discusión pública no se agote en determinar si hubo error o intención deliberada. El punto de fondo es si el Estado está en condiciones de impedir que cualquier confusión escale hasta la muerte. Por ello, la respuesta no puede limitarse a despliegues posteriores ni a declaraciones explicativas. Es necesario avanzar hacia mecanismos preventivos más sólidos. La política criminal debe anticipar, no solo reaccionar.
Más allá de la confusión, lo que el caso de Concordia revela es una fragilidad estructural. Mientras exista, explícito o implícito, ese permiso informal que condiciona la vida económica y social, la soberanía jurídica permanecerá tensionada. La tragedia no se explica
únicamente por un error. Se explica por un entorno donde el error es posible porque la violencia ha adquirido capacidad regulatoria.
Ese es el desafío de fondo. Recuperar no solo el control formal del territorio, sino la certeza de que ninguna persona necesita autorización paralela para ejercer su derecho a trabajar y a vivir en paz.
Jorge Nader Kuri, abogado penalista. X: @JorgeNaderK