El debate sobre las desapariciones en México suele detenerse, con razón, en sus expresiones más visibles y más dolorosas. Las fosas clandestinas, los restos humanos, la búsqueda que realizan las familias, las omisiones de las policías y la magnitud de las cifras forman parte del núcleo más dramático de esta tragedia. Pero el problema no termina ahí. Hay otra dimensión, menos comentada, que también retrata con claridad la fragilidad institucional del país. Me refiero a los casos en los que un cuerpo ya fue localizado y quedó bajo custodia de la autoridad, pero el Estado sigue sin poder darle identidad cierta y destino verificable.
Cuando la autoridad ya tiene bajo su resguardo un cadáver, la obligación estatal cambia de naturaleza. A partir de entonces, lo indispensable es asegurar registro, trazabilidad, procesamiento pericial, cruce de información y, en su caso, restitución digna a la familia. No es que se quiera una función ambiciosa; se trata de lo mínimo exigible a un Estado democrático.
Sin embargo, la realidad muestra otra cosa. El ingreso de restos humanos al ámbito institucional no siempre conduce a la identificación. Con frecuencia lleva al rezago, a la fragmentación de la información o al extravío dentro de la propia burocracia. El resultado es grave por la sencilla razón de que el hallazgo deja de traducirse en certeza; es decir, el cuerpo existe, pero la identidad sigue pendiente. La autoridad lo recibió, pero la familia permanece en la búsqueda.
Ése es un dato mayor de esta crisis. Durante años hemos entendido la desaparición como un problema de violencia criminal, impunidad y debilidad en la seguridad pública. Esa lectura sigue siendo correcta, pero hoy resulta insuficiente. También estamos ante un problema de capacidad estatal, porque una cosa es buscar y otra hacerse cargo; y un Estado que encuentra cuerpos, pero no logra identificarlos ni administrarlos con orden, exhibe una falla que va mucho más allá de la carencia técnica.
Para las familias, este punto tiene consecuencias devastadoras. La localización de restos humanos debería abrir paso a la verdad y al duelo. En cambio, muchas veces abre otro trayecto, el de los trámites interminables, los registros defectuosos, las coincidencias que nunca se verifican y las inhumaciones respecto de las cuales luego nadie puede dar razón suficiente. Allí aparece una forma específica de violencia institucional; no la que priva de la libertad o sustrae a la persona, sino la que impide cerrar con certeza una búsqueda que pudo haber concluido.
Por eso valdría la pena comenzar a exigir algo más concreto. México necesita un sistema nacional de trazabilidad forense realmente obligatorio, auditable y verificable. Uno que permita seguir el recorrido completo de cada cadáver o restos humanos bajo custodia pública, desde su localización hasta su identificación y destino final, con controles cruzados, responsabilidades definidas y revisión periódica de registros e inhumaciones. El estándar tendría que ser elemental: ningún cuerpo bajo resguardo del Estado debería perderse en archivos, gavetas o bases de datos inconexas.
Un país también se define por la forma en que trata a sus muertos. No lo digo en sentido retórico, sino institucional. México enfrenta la tragedia de las personas desaparecidas, pero afronta además otra exigencia, menos visible y no menos urgente, la de construir un aparato público capaz de hacerse cargo, con orden y con dignidad, de los muertos que ya encontró.
Jorge Nader Kuri, abogado penalista. jnaderk@hotmail.com
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