En un interesante foro organizado por EL UNIVERSAL esta semana, tres magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) señalaron que la influencia del crimen organizado en las elecciones federales de este año es una problemática que debe atenderse antes de que pueda llegar, incluso, a tomar control desde la Presidencia de la República. En esas palabras, resuena una alarma que no podemos ignorar: el riesgo real de que la delincuencia organizada corrompa las próximas elecciones federales; de que nuestra democracia, de por sí compleja, se convierta en un campo de batalla en el que las fuerzas delictivas terminen por socavarla a ciencia y paciencia de las instituciones que deberían garantizarla.
La advertencia de los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes no surge de un vacío. Es el eco de una historia que se ha repetido en diversas formas a lo largo de los últimos años. El crimen organizado, con sus tentáculos extendidos en diversos sectores, no ha dudado en influir con malas maneras en los procesos políticos para servir a sus intereses, persistentemente contrarios a los derechos y las libertades de las personas, y todo parece indicar que no se detendrá en hacerlo en los próximos meses a través de sus conocidas tácticas, que van desde la intimidación a los electores hasta la corrupción de funcionarios, pasando por la manipulación de las masas, siempre con las armas de fuego en las manos, de modo que se adueñen a la mala del poder político que muchos candidatos buscan a la buena.
El llamado que en el fondo concretó el TEPJF a que se garanticen comicios plenamente democráticos en ésta, que será la elección más amplia de la que se tiene registro por la cantidad de cargos en disputa, es de urgente atención. La democracia no es simplemente una serie de actos electorales; es un ejercicio constante de vigilancia y acción. La indiferencia o la negación frente a esta amenaza sólo serviría para fortalecer las manos de aquellos que buscan subvertir nuestro sistema democrático para sus propios fines. Como Nación, debemos enfrentar este desafío de frente, fortaleciendo nuestras instituciones y procesos electorales, así como anteponiendo nuestra voluntad libre frente a las amenazas del crimen organizado. Necesitamos una revisión crítica y urgente de la normatividad del Instituto Nacional Electoral para asegurar que proporciona las herramientas suficientes para luchar contra la infiltración del crimen en la política. Requerimos que la sociedad esté informada sobre las sutiles y no tan sutiles formas en que la delincuencia organizada puede influir en las elecciones, y saber detectar y reportar tales incidencias. Es urgente, desde luego, que la aplicación de la ley sea efectiva.
La advertencia de los magistrados del Tribunal Electoral es un llamado a la acción. No podemos ni debemos permitir que la delincuencia organizada determine el futuro de México. Es nuestro deber, como ciudadanos, asegurarnos de que las elecciones de este año reflejen la verdadera voluntad del pueblo, libre de influencias corruptas. La integridad del sistema electoral no es sólo una cuestión de política; es el corazón mismo de nuestra identidad como Nación democrática. Sobre aviso no hay engaño. Ahora toca al Estado hacer su parte.
Jorge Nader Kuri, abogado penalista. jnaderk@hotmail.com
