El presidente Donald Trump ha presentado el llamado “Escudo de las Américas” como una respuesta hemisférica, firme y definitiva frente a los cárteles, la migración y otras amenazas a la seguridad regional. Sin embargo, detrás de ese nombre ambicioso parece haber más construcción retórica que una solución real a problemas extraordinariamente complejos. En rigor, no se trata de un verdadero escudo continental, sino de una coalición selectiva de gobiernos políticamente cercanos a Washington, construida sobre una lectura simplificada de la realidad latinoamericana.
La primera debilidad del planteamiento está precisamente en su nombre. Llamarlo “de las Américas” sugiere una causa común, amplia e incluyente. Pero el diseño político del proyecto dista de esa imagen. Diversos actores centrales de la región quedan fuera del esquema, lo que revela que se trata menos de un esfuerzo hemisférico y más de una lógica de alineamientos políticos.
A ello se suma una segunda simplificación: reducir un fenómeno profundamente complejo a una respuesta predominantemente militar. Desde la Casa Blanca se ha insistido en que los cárteles sólo pueden ser enfrentados mediante el uso de la fuerza y bajo esquemas similares a los utilizados contra organizaciones terroristas. Sin embargo, el crimen organizado que opera entre México y Estados Unidos no se sostiene únicamente por estructuras armadas. También depende de redes financieras, tráfico de armas, lavado de dinero, contrabando y, sobre todo, de una demanda criminal que existe a ambos lados de la frontera.
Pero quizá el aspecto más desafortunado del debate ha sido la forma en que se ha caricaturizado la postura mexicana. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que México está dispuesto a cooperar en materia de seguridad, pero sin subordinación y dentro del marco de su soberanía. Esa posición no representa una negativa a colaborar, sino una defensa del principio básico que regula la convivencia entre Estados. Convertirla en objeto de burla o imitarla en tono despectivo no fortalece la discusión; más bien la empobrece.
Conviene recordar que aquí no está en juego una susceptibilidad personal, sino un principio jurídico fundamental. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de los Estados. En la misma línea, el artículo 89 de la Constitución mexicana obliga a conducir la política exterior conforme a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza. Dicho de otro modo, la presidenta de México simplemente ha recordado el marco jurídico que rige las relaciones internacionales.
Por eso, el problema del llamado “Escudo de las Américas” no se limita a su dudosa eficacia. También está en la lógica que lo inspira. Militariza lo que requiere inteligencia financiera, cooperación y corresponsabilidad binacional; simplifica lo que exige análisis y desestima con ligereza a quien invoca el derecho internacional. Conviene no perder de vista que, parafraseando a Max Weber, en política, la burla rara vez ayuda a resolver problemas que exigen seriedad, prudencia y sentido de responsabilidad.
Abogado penalista. X: @JorgeNaderK
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