Hay reformas que se explican por su contenido y otras por el clima político que las empuja. Las anunciadas esta semana al Código Nacional de Procedimientos Penales pertenecen claramente al segundo grupo. Surgen en un contexto de presión social, violencia persistente y expectativas de resultados inmediatos. Ese entorno ayuda a entender el impulso, pero no lo justifica.
El anuncio llegó acompañado de la promesa de parlamento abierto. Esa sola idea merece respaldo, siempre que se asuma con seriedad. Lo que se ha puesto sobre la mesa no es un retoque menor, sino un paquete de cambios que inciden en el corazón del modelo acusatorio. La reserva de identidad de personas juzgadoras, la ampliación de supuestos de flagrancia, el reforzamiento de esquemas de prisión preventiva y la reducción de plazos procesales forman un conjunto que debe analizarse de manera integral, con calma y con método.
Es fundamental partir de una premisa clara. Proteger a juezas y jueces es una obligación del Estado. Los riesgos que enfrentan, en especial frente a estructuras criminales complejas, son reales y no pueden minimizarse. La discusión comienza cuando se examina el diseño de las respuestas. Un proceso penal que reduce la publicidad, limita los controles y tensiona el derecho de defensa se debilita en su legitimidad, aun cuando se presente como una solución eficaz y la justicia se vuelve opaca.
Algo parecido ocurre con las propuestas que facilitan detenciones y amplían márgenes de actuación sin control judicial oportuno. La experiencia mexicana ofrece suficientes lecciones. Esas fórmulas no fortalecen la investigación, sino que incentivan prácticas deficientes. Detener con mayor facilidad no equivale a investigar mejor. Con frecuencia produce expedientes frágiles, litigios centrados en nulidades y resoluciones que no resisten el escrutinio.
A esta lógica se suma la obsesión por acelerar el proceso como si el problema principal fuera el tiempo. No podemos ignorar que los verdaderos cuellos de botella están en otro lado. Fiscalías con capacidades desiguales, policías con formación insuficiente, peritajes saturados, defensorías públicas rebasadas y tribunales con cargas excesivas explican mucho más que cualquier calendario.
Por eso, el debate que viene exige algo más que consignas. Requiere diagnóstico, evidencia y evaluación honesta de impactos. Un parlamento abierto bien llevado, con foros regionales y participación real de quienes operan el sistema, de la academia y de la sociedad civil, puede mejorar las propuestas y evitar errores costosos. También exige transitorios viables, capacitación y presupuesto.
El proceso penal mexicano necesita ajustes, sin duda. Pero necesita, sobre todo, coherencia y cuidado. Legislar con tiempo no es una señal de debilidad, es un acto de responsabilidad institucional. El precio de la prisa, en cambio, suele pagarlo el ciudadano común, aquel que espera de la justicia algo más que respuestas rápidas: decisiones justas, comprensibles y confiables. Esa es la eficacia que vale la pena construir.