La caída de Nicolás Maduro ha provocado reacciones encontradas. Hay quien la celebra sin matices y quien la condena sin reservas. Ambas posturas, aunque comprensibles, se quedan cortas. El verdadero debate no está en si Maduro merecía caer sino en cómo queremos entender y nombrar lo que ocurrió. Porque en política y en derecho, las palabras no describen solamente los hechos: los ordenan, los justifican y, a veces, los normalizan.
Parto de una posición clara. No estoy a favor de la intervención armada de gobiernos extranjeros en otros países. Ese camino, históricamente, ha dejado más problemas que soluciones. Pero tampoco voy a defender al régimen de Maduro ni a suponer que su salida del poder es una tragedia democrática. El problema no es el fin, sino el medio y, sobre todo, el precedente que ese medio deja.
Lo que hoy vemos es una disputa silenciosa por el lenguaje. Un primer relato sostiene que se trató de una detención. Una operación para llevar a un acusado ante la justicia. Bajo esa lógica, todo se reduce al expediente penal, a los cargos, a los tribunales. La fuerza queda diluida en la palabra “arresto” y la excepción se presenta como un trámite judicial cualquiera.
Un segundo relato, menos cómodo pero más honesto, habla de secuestro o de violación de soberanía. Un Estado que ingresa al territorio de otro sin consentimiento no está ejecutando una orden judicial ampliada. Está cruzando una frontera por la fuerza. Este enfoque no absuelve a nadie, pero sí protege un principio básico: los países no son espacios disponibles para operaciones ajenas cuando conviene.
Hay, sin embargo, un tercer relato que merece atención. Maduro llegó a llamarse “prisionero de guerra”. A primera vista parece exagerado. Pero no es una frase incorrecta. Es un intento de mover el hecho a otra categoría: la del conflicto, la de la guerra no declarada. Y cuando una acción se presenta como parte de un enfrentamiento bélico, cambian las reglas, cambian los límites y cambia el lenguaje.
Aquí está el punto central. No se puede cambiar de categoría según convenga. Si fue una operación militar, no basta llamarla detención. Y si se insiste en que fue una detención, entonces el uso de la fuerza queda peligrosamente disfrazado. En ambos casos, el derecho se estira hasta volverse maleable, y cuando eso ocurre, deja de cumplir su función de límite.
Para México y para América Latina esta discusión no es ajena. No se trata de simpatías ideológicas ni de defender a un régimen. Se trata de entender que los precedentes creados por las potencias rara vez se quedan en un solo país. Hoy es Venezuela; mañana puede ser cualquier otro territorio que resulte incómodo: Colombia, Cuba, Groenlandia… etc.
Lo que está en juego, en realidad, no es el destino personal de Maduro, sino el tipo de reglas con las que queremos convivir en un sistema internacional cada vez más frágil. Normalizar que la fuerza se disfrace de procedimiento legal erosiona gravemente los márgenes de protección de todos. Cuando el poder aprende que basta cambiar la narrativa según convenga para evitar rendir cuentas, la frontera entre justicia y arbitrariedad se vuelve difusa; y en ese terreno ambiguo, la historia demuestra que los abusos no tardan en encontrar nuevas justificaciones y nuevos destinatarios.