El fantasma de la anulación

Jorge Manrique

El próximo 6 de junio es un día trascendental e histórico para México. No sólo serán 21 mil 368 cargos los que estarán en disputa para puestos que van desde gubernaturas, diputaciones, presidencias municipales hasta llegar a sindicaturas.

La elección rebasa la renovación de 15 mandatarios estatales en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Tlaxcala y Campeche. Lo que en realidad está en juego es el futuro del país y la pervivencia de la democracia.

Sin embargo, existe un riesgo que no debe soslayarse: la declaración de nulidad de la elección.

La invalidez de elecciones es la pena más severa que las autoridades electorales pueden imponer a este proceso y los motivos para hacerlo son las irregularidades en las casillas, instalación de menos del 25% de las casillas para la votación presidencial o menos del 20% para la elección de diputados y senadores.

También se corre el riesgo de invalidar la elección si el candidato ganador es inelegible por cuestiones de ciudadanía, edad, lugar de residencia y/o tiempo de estancia en el país, el rebasar el tope de gastos de campaña o adquirir tiempo en radio o TV fuera de lo que dispone la ley y cuando se descubra financiamiento ilícito en las campañas.

Aunque parezca extraño, la anulación de elecciones es una penalización común en México. Según cifras del Instituto Nacional Electoral, entre el 2000 y 2017, en 34 procesos para elegir diputados, senadores o representantes de estado fueron anulados en distintas partes del país, y este número se incrementó considerablemente con las elecciones de 2018.

A una semana de las elecciones intermedias en México, consideradas las más grandes de la historia del país, la tensión aumenta con acusaciones entre candidatos, partidos y autoridades, una elevada violencia electoral y la persistente intervención del poder ejecutivo.

Ante esto, se requiere ejercer el derecho al voto de una manera más consciente y señalar, en su caso, irregularidades que se detecten durante la jornada electoral. Sólo de esta manera podremos asegurar que la renovación de la Cámara de Diputados, 15 de los 32 gobernadores, 30 congresos locales y 1,900 ayuntamientos fue exitosa.

Ante sombras de anulación o abstencionismo, que resquebrajarían la democracia del país, la votación razonada es un derecho para determinar qué rumbo tomará el país. Hoy más que nunca, en una época recesiva y llena de incertidumbre, se requiere ser parte de la fiesta democrática, donde la voz de la mayoría de los mexicanos se imponga y decida.

Rector del Colegio Jurista

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