Gobiernos alrededor del mundo, incluidos aquellos poco democráticos o francamente autoritarios, regularmente sufren las tensiones que surgen entre sectores conservadores y grupos modernizadores al interior del aparato. Fuerzas armadas, servicios de seguridad y fiscalías suelen ser los guardianes del estatus quo. En contraste, los ministerios de finanzas o economía y, sobre todo, las cancillerías, usualmente tienen una disposición más cosmopolita y, al estar expuestos a otras culturas y mejores prácticas, pueden ser agentes de cambio interno.
Durante mis años en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la ratificación de tratados y la adquisición de nuevas obligaciones internacionales eran con frecuencia utilizadas como herramientas para vencer resistencias internas a incorporar estándares más altos y mejor alineados con nuestros socios, actualizar legislación doméstica e implementar mejores prácticas y políticas públicas. Esta visionaria estrategia funcionó en muchos casos y las condiciones en el país mejoraron en varios ámbitos gracias a una vinculación constructiva de México con el exterior.
Uno de los mejores ejemplos de ello fue la apertura de México al escrutinio internacional durante el gobierno de Fox. Como Santiago Corcuera ha descrito, bajo el liderazgo de Jorge Castañeda se construyó un sólido anclaje para la transición democrática, la alternancia y la construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos mediante la ratificación de varios tratados, un monitoreo internacional permanente y la aceptación de críticas de organismos multilaterales, medios y sociedad civil. Esta política de puertas abiertas al escrutinio internacional continuó a lo largo de los sexenios de Calderón y Peña Nieto, en buena medida gracias al papel de la SRE como contrapeso de instancias del gobierno que argumentaban que el problema eran los defensores y no los violadores de derechos humanos. Lamentablemente, ya no es así.
Los sectores más duros de administraciones anteriores al sexenio de López Obrador reaccionaban a las críticas internacionales de manera muy parecida a la respuesta que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha dado al informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU (CED). Hasta ahí, nada nuevo. Lo que se extraña —y mucho— en esta coyuntura es la influencia que tenía la SRE para, en muchísimos casos, moderar, modular y transformar una reacción inicial de rechazo, abiertamente adversarial como la que ha habido ahora, en una respuesta constructiva que permitía no solo mantener el diálogo con los organismos multilaterales y la sociedad civil sino también aprovechar con humildad y agradecimiento los ofrecimientos de ayuda y cooperación para corregir lo necesario, castigar a los responsables e, incluso, reparar a las víctimas… como se esperaría de un gobierno que se proclama “humanista”.
A lo largo del último cuarto de siglo, México mejoró considerablemente su marco jurídico para la protección de los derechos humanos gracias, en buena medida, a las contribuciones de los organismos internacionales, la sociedad civil organizada y expertos como Corcuera. Estoy convencido de que tenemos muy buenas leyes. El CED así lo reconoce en su informe, como lo han hecho anteriormente otros comités y expertos independientes en docenas de reportes sobre nuestro país. Pero el problema de México no es la falta de leyes adecuadas. El problema, ahora convertido en crisis, era y sigue siendo la implementación. De nada sirven protecciones constitucionales robustas y múltiples leyes en materia de derechos humanos si éstas no se aplican y, trágicamente, persiste la impunidad.
Diplomático de carrera por 30 años, fue embajador en ONU-Ginebra, OEA y Países Bajos @amb_lomonaco
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