En contraste con la relevancia de las contribuciones de EU al mundo, el respeto a los derechos humanos en ese país siempre ha sido desigual. Ello se debe a la descentralización, la falta de instituciones ad hoc, una justicia basada en precedentes y el rechazo al escrutinio internacional. A diferencia de otras democracias occidentales, en EU no existe un ombudsman, la vigilancia y denuncia de abusos recae más en los medios que en organizaciones de la sociedad civil y el país no es parte del Estatuto de Roma que estableció la Corte Penal Internacional. Tampoco reconoce la jurisdicción obligatoria de tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Internacional de Justicia y no acepta visitas in situ ni recomendaciones de la CIDH o el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas del que, por largos periodos como el actual, se ha mantenido al margen. En otras palabras, la defensa de los derechos humanos en EU ha sido casi siempre casuística y ha dependido de un cálculo político y las convicciones personales de los responsables.
En este contexto, no debería extrañar la acumulación de prácticas y políticas que han propiciado violaciones de derechos humanos en EU a lo largo de los años. Desde segregación racial y persecución política durante el macartismo hasta abuso policiaco consuetudinario, pasando por centros de detención en los que las leyes estadounidenses no aplican —como Guantánamo—, “técnicas de interrogación mejoradas”, discrecionalidad, secrecía y falta de rendición de cuentas de agencias como el FBI y la CIA, presuntos terroristas encarcelados durante años sin debido proceso y discriminación de minorías tanto por el sistema judicial como por las fuerzas del orden. Una larga lista de abusos que, de haber ocurrido en otros países, habrían sido denunciados en foros internacionales por los propios estadounidenses.
Estos antecedentes han sido caldo de cultivo ideal para que un psicópata sin escrúpulos como Trump haga de las suyas. Por un lado, el uso del sistema de justicia para perseguir a adversarios políticos, críticos, medios y periodistas. Por el otro, la extraordinaria crueldad de ICE. La agencia se ha convertido en una fuerza paramilitar que opera, para todos efectos prácticos, casi con total impunidad. Sus filas se han nutrido a toda prisa de oficiales rechazados por otras fuerzas, con un entrenamiento muy limitado y sedientos de violencia. Han sido desplegados contra la voluntad de alcaldes y gobernadores en ciudades y estados demócratas. Ocultando sus nombres y caras, los matones de Trump han irrumpido sin órdenes judiciales en casas, iglesias y colegios, detenido a menores para usarlos como carnada, ejecutado arrestos basados en el color de la piel y asesinado a ciudadanos estadounidenses por protestar. En pocas palabras, ICE ha quebrantado varias convenciones multilaterales de las que EU es parte, así como múltiples enmiendas constitucionales. De acuerdo con estándares internacionales, también ha cometido violaciones de derechos humanos tan serias como desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que, hasta hace poco, eran patrimonio exclusivo de regímenes autoritarios y que eran denunciados anualmente en el informe del Departamento de Estado.
Pese a sus contradicciones y sus dobles estándares, EU hacía muchas cosas bien y era un modelo para sociedades alrededor del mundo. Ya no lo es, salvo para autócratas y populistas. Todo un regalo de Trump a EU en el 250 aniversario de su independencia.