Existe un relato que bien podría figurar en las páginas de la historia política de México: el de una nación que, habiendo conquistado por fin la pluralidad democrática, descubre que los instrumentos forjados para garantizarla se han convertido en sus propios carceleros.
México enfrenta hoy una paradoja que ni el más astuto de los demiurgos habría diseñado con mayor ironía: los partidos políticos, concebidos como vehículos de la voluntad popular, se originan para ser fines en sí mismos, organismos cuya primera y última vocación es la supervivencia para el beneficio de un grupo o en el más vergonzoso de los casos; para el de una familia.
La reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum en febrero de 2026 —y su posterior naufragio en la Cámara de Diputados el 11 de marzo— no es apenas un episodio legislativo más. Es, si se la mira con la debida atención, una alegoría del México contemporáneo: un espejo donde se reflejan —simultáneas y contradictorias— la voluntad de transformación y la resistencia del orden que se alimenta de sí mismo.
Doscientos cincuenta y nueve votos a favor, doscientos treinta y cuatro en contra, una abstención. Los números, en su frialdad aritmética, ocultan un drama mayor: quienes hundieron la reforma no fueron los adversarios declarados del proyecto transformador, sino sus propios aliados.
El Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México —esas dos criaturas nacidas en el mismo vientre del salinismo— votaron contra la mano que los había elevado al poder que hoy ostentan. Hay en ello una coherencia perversa, casi literaria: el parásito no destruye a su huésped, pero tampoco permite que este altere las condiciones de su parasitismo.
La reforma proponía, entre otras cosas, eliminar las 32 senadurías plurinominales, modificar el mecanismo de asignación de los 200 diputados de representación proporcional y recortar en un 25% el financiamiento público a los partidos. Para Morena, fuerza dominante con más de 250 diputados, la medida era tolerable, incluso deseable: una reducción que apenas le rozaría la piel.
Para el PT y el Verde, en cambio, era un filo contra la yugular. Esos partidos viven —no metafóricamente, sino en el sentido más literal y crematístico del término— de las plurinominales y del financiamiento público. Pedirles que votaran por su propia reducción era pedirle al espejo que se quebrara por voluntad propia.
Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en San Lázaro, subió a tribuna para ejecutar un ejercicio retórico que habría merecido el estudio de los sofistas: declaró estar “al cien por ciento” con la Presidenta y “al doscientos por ciento” con el pueblo, mientras votaba exactamente en contra de lo que ambos le pedían. No existe, quizá, mayor definición de la partidocracia que esa: la capacidad de profesar lealtad absoluta en el preciso instante en que se ejerce la traición.
Para comprender al Partido del Trabajo es preciso regresar a su génesis, que es también la historia de una de las operaciones políticas más exitosas del México moderno. Corría 1990 en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando diversas organizaciones sociales confluyeron en el Auditorio del Plan Sexenal de la Ciudad de México para fundar un partido que se pretendía de izquierda popular. Estaban ahí los Comités de Defensa Popular de Chihuahua y Durango, el Frente Popular “Tierra y Libertad” de Monterrey, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, fragmentos del movimiento magisterial independiente.
Asimismo, la narrativa oficial del PT presenta esta fundación como un acto de convergencia orgánica de las luchas sociales. La historia, menos generosa, sugiere otra cosa. Alberto Anaya —líder sempiterno del partido, hombre que ha sobrevivido a todos los ciclos políticos con la tenacidad de una especie adaptativa— cultivó desde sus años universitarios, en la órbita de la llamada “Línea de Masas” y de Adolfo Orive Bellinger, una relación estrecha con los hermanos Salinas de Gortari.
Tras el rechazo, la presidenta Sheinbaum presentó un “Plan B”: una versión adelgazada de la reforma, enfocada en reducir privilegios de funcionarios electorales, congresos locales y municipios, sin tocar ya el financiamiento directo de los partidos. El Senado lo aprobó el 25 de marzo con 87 votos a favor —Morena, Verde y PT votaron juntos esta vez—, pero con una amputación significativa: una senadora del PT, Lizeth Sánchez García, presentó una reserva para eliminar los cambios al artículo 35 sobre la revocación de mandato, y el pleno la aceptó.
Es decir, incluso en el repliegue, incluso en la concesión, el PT logró imponer su veto particular.
La presidenta Sheinbaum, la mañana del 27 de marzo, lo resumió con una frase que oscila entre la resignación y la advertencia: es “malo para el país que no se haya aprobado”, pero “así lo decidieron”. Y añadió que la gente “va a sancionar” esas decisiones en las urnas. Ahí reside, acaso, la verdadera reforma: no en el texto constitucional, sino en la memoria del electorado.
Lo que queda, sin embargo, es una coalición herida. CNN en Español lo describió como “una ruptura de facto, aunque sus dirigentes y la propia presidenta manifiesten en público que la coalición se mantiene”. Y es que hay pocas cosas más difíciles de reparar que la confianza rota entre aliados que descubrieron, en el momento decisivo, que sus intereses eran incompatibles. Morena necesitaba mostrar que podía reformar el sistema electoral; el PT y el Verde necesitaban que el sistema electoral permaneciera exactamente como estaba.
Los partidos, en occidente, han dejado de ser puentes entre el individuo y la comunidad para convertirse en burocracias autorreferenciales. La investigadora Elisa Volpi, del Consorcio Europeo de Investigación Política, ofrece una óptica importante: los partidos no están en decadencia terminal, sino en proceso de adaptación.
Imaginar el futuro de los partidos políticos en México requiere considerar dos escenarios que no se excluyen mutuamente. El primero es la consolidación de un sistema de partido predominante. Morena gobierna veinticuatro de treinta y dos estados, controla ambas cámaras (con sus aliados), ha transformado el Poder Judicial y la Guardia Nacional.
Si la coalición se fractura de manera irreversible, Morena podría buscar la mayoría calificada por sí misma en 2027, lo que haría innecesarios a los partidos satélite. En este escenario, el PT y el Verde habrían firmado, con su voto del 11 de marzo, su propia sentencia a largo plazo: al proteger su supervivencia inmediata, aceleraron su irrelevancia futura.
El segundo escenario es la fragmentación. Si Morena no logra la mayoría calificada por sí sola, y si el PT y el Verde mantienen su capacidad de veto, México entrará en una dinámica en la que ninguna fuerza podrá reformar el sistema electoral —porque los partidos pequeños bloquearán cualquier cambio que los afecte y la oposición se sumará por cálculo táctico—.
Hay, por supuesto, un tercer camino, más difuso pero acaso más profundo: el de la ciudadanía que desborda los cauces partidistas. En el mundo, los movimientos sociales, las plataformas digitales y las movilizaciones no partidistas han emergido como vehículos alternativos de participación política.
Lo que México necesita no es la abolición de los partidos —fantasía autoritaria disfrazada de purismo democrático—, sino su radical transformación. Que dejen de ser franquicias familiares, como el PT de los Anaya. Que dejen de ser empresas de supervivencia burocrática, como el Verde de los González Torres. Que dejen de ser, en suma, laberintos sin centro, corredores infinitos que no conducen a ninguna parte, salvo a la perpetuación de sí mismos.
La reforma de la presidenta Sheinbaum, con todas sus imperfecciones, apuntaba en esa dirección. Su fracaso parcial no es el fin de la historia; es apenas el principio de otra carencia, la de un proyecto democrático que aún no encuentra su forma definitiva—. Porque en México, todo laberinto tiene una salida. El problema es que quienes custodian las puertas son, precisamente, los que no quieren que las abramos.
Consultor y estratega político
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