«La guerra no determina quién tiene la razón, solo quién queda.»
Bertrand Russell
El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron la operación “Furia Épica” contra Irán. La respuesta fue inmediata: Teherán bloqueó el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo, por donde circula cerca del 20% del petróleo global. El impacto fue casi instantáneo en los mercados energéticos y en la economía internacional. Ante el cierre, Washington planteó una operación militar para reabrir el paso. La idea incluía la participación de la OTAN como respaldo. Sin embargo, la respuesta europea fue de cautela desde el inicio. Alemania, Francia, Reino Unido e Italia coincidieron en que la alianza no tiene un mandato legal para intervenir en un conflicto fuera de su territorio. A este argumento legal se sumó uno político más profundo. Varios gobiernos europeos interpretan la operación inicial de Estados Unidos e Israel como una decisión tomada sin un proceso amplio de consulta dentro de la alianza, lo que debilita el principio de acción colectiva. Bajo esa lectura, involucrarse después implicaría asumir costos de una estrategia que no contribuyeron a definir. También existe una evaluación interna sobre precedentes: participar en este caso podría ampliar de facto el alcance de la OTAN hacia intervenciones fuera de su marco original.
En ese contexto, el rechazo europeo también refleja una diferencia en la forma de entender el uso de la fuerza. Mientras Washington prioriza la reapertura inmediata del flujo energético global, varios gobiernos europeos consideran que una intervención sin objetivos políticos claros y sin una salida definida puede derivar en un conflicto prolongado. La situación en el terreno reforzó esas dudas. Irán ha construido una estrategia defensiva que aprovecha la geografía del estrecho y el uso de tecnología relativamente accesible. Misiles, drones y minas navales han convertido la zona en un espacio altamente riesgoso. Limpiar esas minas y garantizar el paso seguro de los barcos no es una tarea rápida; requiere tiempo, recursos y exposición constante.
Frente a este panorama, Europa buscó opciones más limitadas. Reino Unido planteó la posibilidad de formar una coalición de países dispuestos, sin usar la estructura de la OTAN. La Unión Europea descartó ampliar sus misiones navales en la zona. Italia redujo su presencia militar y priorizó la seguridad de sus propias bases. La reacción de Washington fue crítica. El presidente Donald Trump acusó a sus aliados de beneficiarse de la estabilidad internacional sin asumir los costos. También advirtió sobre posibles consecuencias para la OTAN si no recibe apoyo. En ese mismo contexto, la dimisión de Josh Paul, encargado de supervisar transferencias de armas y cooperación militar, añadió presión al debate interno: el exfuncionario cuestionó la justificación estratégica de la guerra y advirtió sobre los riesgos de una escalada sin objetivos políticos claros, lo que evidenció divisiones dentro del propio aparato estadounidense.
La crisis del estrecho de Ormuz dejó en evidencia diferencias de fondo. Para Estados Unidos, reabrir la ruta es una prioridad económica y estratégica inmediata. Para Europa, los riesgos de intervenir superan los posibles beneficios. Esta diferencia de enfoques ha tensado la relación transatlántica en un momento delicado. Para México, por su parte, las consecuencias se concentran en varios frentes que se conectan entre sí. El aumento en los precios del petróleo eleva los ingresos por exportaciones, pero ese beneficio convive con una dependencia estructural: la importación de gasolina. Cuando suben los precios internacionales, también lo hace el costo de esas compras, lo que obliga a ajustar subsidios para mantener estables los precios internos. El resultado es un equilibrio delicado entre mayores ingresos petroleros y una presión adicional sobre el gasto público.
En el plano macroeconómico, el encarecimiento de la energía tiende a trasladarse a toda la cadena productiva. El transporte, la industria y los servicios absorben costos más altos, lo que alimenta la inflación. Al mismo tiempo, en contextos de incertidumbre global, los capitales suelen moverse hacia activos considerados más seguros, fortaleciendo al dólar. Esto puede debilitar al peso y encarecer importaciones clave. Aun así, México cuenta con herramientas para amortiguar estos efectos, como la política monetaria y los ajustes fiscales, que permiten contener fluctuaciones abruptas, aunque ciertamente tales condiciones no podrían sostenerse en el largo plazo.
En el sector productivo, el impacto se concentra en la manufactura, especialmente por el costo del gas natural, un insumo esencial. Un aumento sostenido puede reducir márgenes y desacelerar inversiones, aunque también abre espacios para mejorar eficiencia energética y diversificar fuentes. En paralelo, la concentración de la agenda de Estados Unidos en el conflicto puede ralentizar ciertos temas bilaterales, como la negociación del T-MEC, aunque por fortuna la integración económica entre ambos países mantiene incentivos para sostener el diálogo y arribar a buenos resultados para ambas naciones.