«Un día nos volvimos por fin un país ideal; instalamos la razón en lugar del delirio y el derecho en lugar del abuso.»
Ikram Antaki
El mundo inició 2026 inmerso en conflictos interconectados que, lejos de permanecer aislados, se retroalimentan en un contexto de desgaste prolongado, fragmentación institucional y erosión de los consensos normativos globales. El rasgo dominante es la normalización de crisis simultáneas, de intensidad variable, que debilitan de manera convergente la gobernanza internacional, la seguridad humana y la estabilidad económica global.
En Oriente Medio predomina una frágil paz armada. La escalada directa entre Israel e Irán en 2025 abrió una fase de confrontación abierta cuyo desenlace sigue siendo incierto. Las operaciones militares en Líbano, Siria y Yemen, junto con el riesgo permanente de colapso de los ceses al fuego en Gaza, configuran un escenario donde los choques locales se convierten en nodos de una disputa geopolítica de mayor alcance.
Europa del Este enfrenta un dilema distinto pero complementario. La guerra en Ucrania se aproxima a un punto de inflexión: o se congela por agotamiento material y humano, o deriva hacia un acuerdo impuesto por los costos acumulados. En ambos casos, las consecuencias trascienden el campo de batalla. El conflicto ha profundizado las fisuras internas de la Unión Europea, presionada entre endeudamiento, aumento del gasto militar y compromisos con la OTAN, mientras la posibilidad de una confrontación directa con Rusia persiste como amenaza sistémica.
En Asia-Pacífico, la tensión combina contención táctica y competencia estratégica. China consolida su posición como primer electroestado global al dominar tecnologías clave de la transición energética y digital, redefiniendo las formas tradicionales de poder. Aunque el Estrecho de Taiwán parece estabilizado en el corto plazo, la región prioriza la seguridad económica mediante aranceles, controles tecnológicos y la reorganización de las cadenas de suministro.
Estas dinámicas se inscriben en tendencias transversales. Cerca del 75% de los directores ejecutivos globales han relocalizado parte de su producción o reconfigurado sus cadenas para atender bloques regionales específicos, confirmando que la geopolítica ya condiciona el entorno económico. A ello se suma la carrera por la inteligencia artificial, los minerales críticos y el acceso al agua que introduce nuevas fuentes de conflicto.
El impacto social es profundo. La convergencia entre violencia, crisis climática y precariedad económica intensifica las migraciones, mientras los Estados receptores endurecen sus políticas, profundizando la polarización y los déficits de legitimidad. En este contexto, el derecho internacional conserva una vigencia paradójica. Aunque carece de mecanismos coercitivos universales y depende de la voluntad política de las grandes potencias, sigue siendo el principal dique frente al unilateralismo y una plataforma de protección para poblaciones vulnerables.
A este desgaste se suma la reinterpretación selectiva del derecho por parte de las potencias, que lo conciben como un repertorio flexible de normas invocables según conveniencia. Cuando las reglas dejan de aplicarse de manera consistente, el sistema pierde capacidad preventiva. En ese vacío, la coerción se normaliza, la diplomacia se subordina a la amenaza y los actores más frágiles quedan expuestos a decisiones externas. La política estadounidense en diversas regiones, incluida América Latina, ilustra esta tendencia. El caso venezolano, más allá de afinidades ideológicas, revela los riesgos de la erosión multilateral.
Ante este panorama, resulta central la postura de México, expresada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Frente a doctrinas de intervención explícitas, su posicionamiento reafirma un principio histórico del Estado mexicano: la no intervención y el respeto irrestricto a la soberanía de los pueblos. La experiencia latinoamericana demuestra que ninguna injerencia externa ha producido democracia ni estabilidad duradera, sino fragmentación, dependencia y violencia persistente.
El momento histórico exige una reflexión que vaya más allá de la coyuntura. Como advertía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Hoy, sin límites al poder, sin normas compartidas y sin reconocimiento efectivo de la dignidad de los pueblos, la paz deja de ser horizonte político y se reduce a una tregua precaria entre conflictos permanentes.