La convivencia entre las Comunidades Autónomas y el gobierno de España ha estado en tensión permanente desde 1978. En ese año se promulgó la constitución que marcó el regreso a la democracia y un arreglo constitucional de corte descentralizado que recoge el derecho de autonomía de las nacionalidades y regiones que forman el Estado español. Las Comunidades Autónomas son entidades territoriales y administrativas dotadas de cierto nivel de autonomía legislativa y competencias ejecutivas. Todas las Comunidades cuentan con un Parlamento elegido por sufragio, un Consejo de Gobierno y un Presidente elegido entre los miembros del Parlamento. El mapa autonómico español está constituido por 17 Comunidades y es resultado de sucesivos pactos entre las dos principales fuerzas políticas.
Cataluña es una de las Comunidades Autónomas que poseen una identidad cultural colectiva y lingüística propia. La tensa relación entre Cataluña y el gobierno español es añeja. Sin embargo, desde 2006 se intensificó cuando el Parlamento catalán aprobó la definición de su territorio como “nación” en una reforma a su Estatuto autonómico. Al revisar la reforma, el Congreso de los Diputados enmendó la plana al Parlamento catalán y excluyó la definición de su articulado. A partir de este hecho, la cuestión soberanista se agravó. Después de la celebración de una consulta sobre la autodeterminación, el 27 de octubre de 2017, el Parlamento catalán votó una declaración de independencia. La moción contó con setenta votos a favor, diez en contra, dos en blanco y la ausencia de la oposición no nacionalista. Ese mismo día fue suspendida por el Tribunal Constitucional a petición del Partido Socialista Catalán y el Senado aprobó la solicitud del gobierno para activar lo dispuesto en el artículo 155 de la constitución española que establece que “si una Comunidad Autónoma no cumple las obligaciones que la constitución u otras leyes le impongan, o actuase de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno […] podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.
El Gobierno español destituyó al gobierno catalán, tomó las riendas de la administración y convocó a elecciones. Al mismo tiempo, el fiscal general del Estado solicitó imputar a la Mesa del Parlamento y al gobierno catalán por cargos de sedición, rebelión y malversación de fondos por el financiamiento del “referéndum” soberanista. Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, huyó a Bélgica junto con otros miembros de su gobierno. El vicepresidente, Oriol Junqueras y otros siete exconsejeros del gobierno de Puigdemont fueron declarados en prisión incondicional al presentarse ante los juzgados. Finalmente, el pasado 14 de octubre, el Tribunal Supremo dictó una sentencia histórica contra los principales actores del proceso independentista con penas que van de 9 a 13 años en prisión por sedición y malversación. El Tribunal rechazó el cargo de rebelión al considerar que los altercados y actos de violencia que tuvieron lugar durante la celebración del “referéndum” no bastaron por sí mismos para imponer el objetivo independentista.
El fallo unánime del Tribunal Constitucional no pone fin al conflicto. Tras conocerse la decisión se desencadenaron protestas masivas que colapsaron el aeropuerto de Barcelona y las carreteras regionales. El proceso catalán culmina con esta sentencia, pero la sociedad sigue fracturada en dos. Tras las últimas dos elecciones en Cataluña, el bloque soberanista ha conseguido mayorías ajustadas en el Parlamento autonómico. Polarizar más a la sociedad no es buena idea. El menú de soluciones incluye el diálogo entre las partes en conflicto, mayores recursos económicos para la Generalitat, un nuevo Estatuto que reconozca competencias autonómicas adicionales, la transición de una España descentralizada a una formal federación, una reforma constitucional que posibilite un referéndum pactado con todas las condiciones para su celebración o el indulto a los procesados.
En medio de una nueva campaña electoral por la Presidencia del Gobierno español, las segundas de este año, los partidos tendrán que posicionarse sobre la problemática catalana. La salida no es sencilla y pasa por concesiones políticas que en el corto plazo podrían resultar redituables para la conformación de un nuevo gobierno nacional, pero costosas a largo plazo si no se miden sus consecuencias sobre la sobrevivencia del Estado español.
Especialista en temas electorales.
