En este primer año de gobierno del presidente López Obrador destaca la rígida disciplina de contener el gasto público ante la caída de los ingresos. La recaudación de impuestos fue menor en 303 mil millones de pesos (mmp), y también los ingresos petroleros fueron menores por una menor producción y por precio más bajo al estimado. Por ello, el gobierno federal hizo uso del ahorro público generado en ejercicios anteriores y depositado en el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP). Pero también sobresale que el endeudamiento fue menor al techo aprobado por el Congreso de la Unión, lo cual no se había visto desde los noventa.
El entorno que enfrentaron las finanzas públicas fue muy complejo para un inicio de sexenio. La economía mexicana ya venía desacelerándose desde 2018. Además hubo muchos factores que ocasionaron incertidumbre y ruido como: el mismo cambio de administración y las drásticas medidas para hacer frente a la corrupción; el sinuoso proceso de aprobación del nuevo tratado de libre comercio para América del Norte (T-MEC), y la desaceleración del crecimiento de la economía global provocado en gran medida por el enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China. Pese a lo anterior, la nueva administración mantuvo una ortodoxia absoluta en la conducción de las finanzas públicas. Con ello afianzó las dos anclas que dan certidumbre a los inversionistas financieros: se cumplió la máxima de no gastar más de lo que hay, y la administración ha sido respetuosa de la autonomía del Banco de México.
En breve, los resultados de las finanzas del sector público federal consolidado para 2019 alcanzaron un superávit primario de 1.1% del PIB, mayor al registrado en 2018 que fue de 0.6%. Desde el punto de vista macroeconómico, esto significó que la política fiscal fue más restrictiva para evitar que la relación del saldo de la deuda pública al PIB aumentara.
La férrea disciplina fiscal se logró a un costo muy elevado. Dentro del gasto público se dio una importante reasignación, pues se abrió el espacio a los nuevos programas sociales reduciendo draconianamente el gasto de operación de la mayoría de las dependencias, así como el gasto de inversión. En términos de porcentaje destaca el de la Presidencia que disminuyó en 80%.
Ante toda esta restricción fiscal, ¿qué procede hacer? Lo que sigue es empezar por delinear una reforma de la hacienda pública que dote al Estado mexicano de la capacidad para concretar mayores niveles de bienestar de la población con más y mejores servicios públicos. Esto se da si están respaldados por una sólida plataforma de infraestructura física e institucional. Esto a su vez requiere de inversión privada y pública. Para elevar la inversión de manera sustantiva se requiere que los proyectos generen ingresos y que el sector público genere más ingresos públicos, sin aumentar tasas impositivas. Y para que esto último pueda materializarse se va necesitar forzosamente de ampliar las bases de los impuestos, especialmente los de consumo, así como de contribuyentes tanto para ISR como IVA, y unificar tasas en todo el territorio nacional. Los gobiernos municipales, especialmente los que no lo cobran, tendrán que empezar a recaudar predial vinculado a calidad y oferta de servicios. Y para que pueda procederse con lo anterior hay que empezar por una redefinición y redistribución de las funciones del Estado entre los tres órdenes de gobierno para que los ciudadanos reciban mejores servicios públicos. Y esto ahora sí puede lograrse por el poder de convocatoria del presidente López Obrador. Es una oportunidad histórica.
Economista.
@jchavezpresa
