Resulta difícil discernir las razones que llevaron a Claudia Sheinbaum a aventarse un TACO (Trump siempre se raja) entre domingo y lunes a propósito del supuesto injerencismo estadounidense en México. En el Monumento a la Revolución acusó al gobierno vecino de utilizar a México para fines electorales dentro de Estados Unidos, y buscar lo mismo en los comicios mexicanos del 2027. Más allá de lo erróneo de ambas acusaciones —ya explicamos cómo México no pinta en la campaña electoral norteamericana hoy, y lo último que busca Trump es apoyar al PRI, al PAN y a MC en el Congreso— la pregunta es pertinente: ¿Por qué reculó?
Uno de los posibles motivos radica en las consecuencias de un pleito callejero con Estados Unidos para la relación entre el empresariado y el gobierno. Desde los años veinte del siglo pasado, el sector privado se ha molestado cada vez que los sucesivos gobiernos del PRI, y luego del PAN, se confrontaron con Estados Unidos. Obregón lo entendió, negociando los Acuerdos de Bucareli; Calles al pactar con Dwight Morrow el fin de la guerra cristera, Lázaro Cárdenas al mantener su buena relación con Roosevelt incluso cuando la expropiación petrolera y el intento de embargo de Morgenthau, López Mateos sí cruzó la línea con su apoyo a la revolución cubana pero rápidamente corrigió durante la crisis del Caribe. Echeverría generó malestar en el empresariado por muchas razones, pero una de ellas fue su retórica tercermundista y las acusaciones de “comunista” por congresistas estadounidenses. López Portillo contribuyó a la corrida de abril de 1982 con su viaje a Managua en febrero para apoyar a los sandinistas, contra la recomendación de su secretario de Relaciones Exteriores. Y muchos empresarios aconsejaron a Fox de no oponerse a la invasión de Bush a Irak en 2003.
Tal vez ya no sea el caso que la embajada de Ciudad Slim funja como la principal asesora al empresariado mexicano. Y quizás una parte de nuestros magnates y medianos hombres de negocios ya no reciben “línea” de Washington, directamente o a través de sus homólogos norteamericanos. Pero no tengo la menor duda de que el discurso del domingo, con todo y la retracción parcial del lunes, seguida del regaño al embajador Johnson el martes, haya provocado un agudo malestar en el seno del sector privado, y no solo de Monterrey.
Nuestro empresariado posee demasiados intereses en y con Estados Unidos, legítimos, lógicos y productos de la geografía, de la historia y de las políticas públicas del Estado mexicano por lo menos desde el Porfiriato. Incluyen mercados de exportación, visas, escuelas o universidades para sus hijos, créditos, vacaciones y residencias secundarias, inversiones cuantiosas, asociaciones de todo tipo, e incluso vínculos familiares. Saben bien que todas ellas dependen hasta cierto punto, y en una medida u otra, de una relación fluida, amable y constante de Palacio Nacional con Washington. Dichos intereses han sobrevivido a muchos altibajos, pero insisto: no recuerdo un momento tan tenso y multifrontal como el de hoy. Muchos empresarios preferirán guardar su incomodidad y callarse, votando con sus pies, ya no con fugas de capital, pero sí con inversiones fuera o estancias en otros países. Algunos, los más sinceros y elocuentes, seguramente sabrán cómo compartirle a Sheinbaum su molestia, y su desacuerdo.
Sobre todo, que no parece existir ninguna explicación sensata del enojo presidencial con los “colaboradores de ultraderecha” de Trump. Se conocen bien los nombres de los interfectos; es obvio que entre ellos y Trump no impera la menor distancia. Y con Trump, los asuntos van efectivamente muy mal, pero es imposible comprender cómo van a mejorar a base de gritos y sombrerazos.
Ni gracias a algunos malentendidos propios de la trayectoria política y personal de Sheinbaum. Declaró el lunes algo que en otras personas sería visto como un saludo a la bandera, un poco pueril, pero en su boca detona el temor de constituir un pensamiento transparente y honesto. Dijo: “¿Por qué creer más en las instituciones de justicia de Estados Unidos que de México?” Se me ocurren unas doscientas respuestas, pero me limitó a dos. Según ella misma, hasta la elección de jueces, magistrados y ministros, la administración de justicia en México era un desastre. Ni Arturo Zaldívar sostendría que en menos de un año ya contamos con un poder judicial comparable al norteamericano. Y segundo: desde el TLCAN, siete presidentes mexicanos (incluyéndola a ella y a AMLO) y miles de empresarios mexicanos y del mundo entero, han encontrado en el recurso binacional de justicia una garantía y una certeza que el sistema mexicano no ofrece. Pensar que nuestro sector privado confía en las instituciones mexicanas de justicia es más que ingenuo: es patrioterismo ramplón. Quizás convendría preguntarle al General Mérida en quién confía más.
Excanciller de México