Un nuevo paquete de 37 operadores del narcotráfico fue enviado ayer, a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a prisiones de seis ciudades estadounidenses. En la lista destaca Armando Gómez Núñez, el Delta 1, líder de una violenta célula de ejecución del Cártel Jalisco Nueva Generación, detenido por tercera vez en octubre de 2025.
Omar García Harfuch lo ubicó al frente de un grupo de sicarios dedicado a torturar y asesinar personas. Fue mencionado como tercero al mando de la organización criminal, bajo las órdenes directas de Juan Carlos Valencia, hijastro del líder criminal Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, y como responsable de las actividades criminales realizadas por los presos desde el penal de Puente Grande.
El día de su detención en Zapopan, Jalisco, Gómez Núñez se hallaba al lado de su pareja sentimental, Mónica del Carmen Ávila, prima hermana de la alcaldesa emecista de Coalcomán, Michoacán, Anavel Ávila Castrejón.
Un año antes, en diciembre de 2024, la alcaldesa Ávila Castrejón se había colocado al centro de un escándalo, la noche en que, durante los festejos por el 193 aniversario del municipio de Coalcomán, fue colocada una manta a las afueras del Palacio Municipal según la cual los niños de Coalcomán le agradecían al Mencho, a sus hijos, y al Delta 1 la entrega de juguetes.
Un video ventilado en redes sociales capturó el momento en que el mensaje contenido en la manta era leído ante la plaza abarrotada. Los niños presentes fueron conminados a gritar: ¡Gracias Mencho!, mientras se escuchaba un corrido dedicado al capo.
Ávila Castrejón se hallaba bajo sospecha de la Fiscalía General de la República desde tiempo atrás. Se le señalaba como encargada del cobro de cuotas al servicio del CJNG y de rendirle cuentas a su cuñado, el Delta 1. Había perdido por amplio margen las elecciones celebradas en junio de ese año, frente al perredista Rafael Saucedo. Pero por amenazas del Cártel Jalisco, Saucedo no se presentó a recoger su constancia de mayoría. “Aquí va MC, así que bájate ya”, les dijeron a varios aspirantes a la alcaldía, según denunciaron ellos mismos más tarde.
La alcaldesa emecista había sido acusada, asimismo, de regalar juguetes en plena campaña, a nombre del líder criminal. Ella se deslindó de las acusaciones y se dijo “vigilante de que se actúe bajo lo que marca la ley”. Agregó que bajo ninguna circunstancia participaría “en alguna situación de apología del delito”.
Unos días más tarde se solicitó su separación del cargo. Las autoridades dijeron desconocer su paradero. En marzo de 2025, en una sesión extraordinaria donde 17 legisladores estuvieron ausentes y uno votó en contra, el Congreso de Michoacán aprobó que se le llevara a juicio político. La alcaldesa compareció días más tarde ante el Legislativo para aclarar “hechos presuntamente sucedidos el 27 de diciembre de 2024” y tramitó un amparo ante el Poder Judicial de la Federación por supuestas irregularidades en el proceso.
El caso fue congelado mediate una suspensión definitiva otorgada por la juez federal Karla Orozco Alfaro. Nueve meses más tarde, el presidente de la Comisión Jurisdiccional, el diputado Alfonso Janitzio Chávez Andrade, informó que por órdenes de la autoridad federal el caso había quedado “finiquitado”, debido a que “el procedimiento no ha sido el adecuado”.
“Nos obligaron a dejar el tema, por eso ya no le entramos”, declaró el diputado Chávez Andrade.
El Delta 1 se encontraba en ese momento en el Penal de Puente Grande. Efectivos del Ejército lo habían detenido el 28 de octubre de 2024 en la colonia Lagos del Country. Era la segunda vez que caía en manos de la justicia. Poco después de esa detención pasó a prisión domiciliaria “por cuestiones de salud”. El 18 de diciembre de 2025 se le volvió a aprehender por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio.
De Puente Grande lo trasladaron al Altiplano. Desde la madrugada de ayer se reportó un despliegue de elementos del Ejército, la Guardia Nacional, la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para concentrar en el penal de máxima seguridad del Altiplano a un grupo de operadores del narcotráfico, quienes más tarde fueron trasladados al Aeropuerto Internacional de Toluca, desde donde fueron trasladados, en siete naves de las fuerzas armadas, a penales de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, como parte de la tercera entrega masiva de capos al gobierno de los Estados Unidos.
Hasta el momento, 92 delincuentes de alto impacto, procedentes de todas las organizaciones criminales, han sido expulsados y puestos bajo la custodia del gobierno estadounidense: el tributo del gobierno de Claudia Sheinbaum frente a las ansias intervencionistas de Donald Trump.
92 capos que tienen en la memoria la historia del narco en México y, sobre todo, de sus conexiones con la política durante los últimos 50 años. 92 capos, como el Delta 1: 92 capos del Cártel Jalisco, el Cártel del Pacífico, los Zetas, los Beltrán Leyva, el Cártel de Juárez, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Noreste… y ni un solo político, como lo ilustra el caso de la alcaldesa de Coalcomán, Anavel Ávila Castrejón.