Una de las funciones principales del gobierno de México es defender y promover el Estado de derecho en beneficio de sus habitantes. Entre otros, esto quiere decir que todos los funcionarios deben cumplir y hacer cumplir las leyes. Tratándose de la industria energética, con fundamento en la Constitución mexicana, tenemos la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos y la regulación derivada.
La regulación energética en vigor, con base en un modelo de economía mixta de mercado fundamentando en la Carta Magna, permite la participación de los sectores privado y social a la par del sector público en la realización y desempeño de actividades de la industria energética. En efecto, esto implica que toda persona, sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos, tiene derecho a participar en actividades tal como en la generación de energía eléctrica o en la comercialización de petrolíferos, entre otros.
Mientras la economía mexicana siga creciendo o al menos pretenda hacerlo, implicará la existencia de una mayor oferta energética para cubrir la demanda del país. Esto conlleva la realización de inversiones intensivas y cuantiosas en el sector en comento. Desde que se promulgó la reforma energética constitucional en diciembre de 2013, abriendo paso al sector privado, éste levantó la mano y decidió participar activamente.
Como se discutió ampliamente en el VII Foro Nacional IMEF de Energía realizado el pasado 17 de mayo por parte del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, desde diciembre de 2018 a la fecha, el gobierno mexicano ha decidido para efectos generales, impedir la participación de la iniciativa privada en actividades energéticas. Un ejemplo lo tenemos en los permisos de generación eléctrica.
Con información de la Comisión Reguladora de Energía, tenemos que, desde inicios de 2019 a la fecha, solamente se han otorgado cerca de 122 permisos, siendo que la mayoría fueron otorgados antes de 2020 (antes de que se presentara la captura total del órgano regulador). Otro dato que muestra la implementación de esta política energética que impide la participación del sector privado en la industria energética es que en 2020 se otorgaron seis, en 2021, se otorgaron ocho y otros ocho en este año 2022. De estos último ocho permisos otorgados, tres fueron para entidades públicas tal como Pemex y CFE. Esta situación es análoga a lo que está sucediendo con otras actividades energéticas tal como para expendios de gasolina y diesel al público, almacenamiento de hidrocarburos y transporte de energéticos, entre otras.
Considerando que, sin contar con un permiso o autorización del gobierno federal, no se pueden realizar actividades la industria energética, con esta tendencia, sería prácticamente imposible que se detonen las inversiones necesarias para satisfacer la demanda nacional energética ya que el gobierno por sí solo no puede, dadas las cuantiosas inversiones requeridas.
Hoy en día, esta situación está provocando graves problemas para el desarrollo económico de México ya que se están presentado casos a lo largo y ancho del país en donde nueva industria no puede instalarse o la industria actual no puede expandirse por carencia de energía eléctrica o gas natural en la zona correspondiente, lo anterior aunado a los cada vez más constantes apagones eléctricos.
Esta insostenible situación debe ser atendida con urgencia ya que México no puede darse el lujo de esperar el paso de dos años y medio de lo que resta a la actual administración, con la esperanza de que se implemente una nueva política energética que permita al sector privado participar en esta industria. Es por ello por lo que, representantes de los sectores privado y social, incluyendo el IMEF y otras asociaciones empresariales, deben seguir alzando la voz ante el gobierno federal de manera respetuosa para que se corrija el rumbo en beneficio de los mexicanos.
Email: jam@santoselizondo.com
