Hay una rectitud fingida en el reproche según el cual la operación para derrocar a Maduro habría supuesto una transgresión del derecho internacional. La pregunta inevitable es qué se hizo durante tantos años mientras en Venezuela se encarcelaba, masacraba o desaparecía a miles de opositores; mientras se erigía un narcoestado, se usurpaba la voluntad popular y la noción de soberanía se esgrimía como coartada para encubrir a los responsables de uno de los mayores expolios de la historia.
No se trató únicamente de una maniobra impecable para capturar al dictador, sino de una decisión en la que Donald Trump asumió riesgos de gran envergadura. De hecho, se había sumergido en una celada de difícil escape: dar marcha atrás habría envalentonado a sus adversarios y erosionado severamente la credibilidad de su gobierno; avanzar, en cambio, implicaba exponerse a errores que lo deslegitimaran o a una escalada con elevados costos políticos. Y aunque todavía existe la posibilidad de un enroque del chavismo, también parece haber comenzado a abrirse paso la ansiada transición democrática.
El éxito es aún más rutilante cuando se lo vincula con la reciente Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos que, por primera vez desde el Corolario Roosevelt de 1904, sitúa a América Latina como prioridad. Una estrategia cuyo punto de partida era la caída de Maduro: recordatorio de las posibilidades de cooperación hemisférica y de que la región no es —ni debe ser— una zona de recreo para influencias hostiles. Porque ahí asoma otra pregunta de fondo: por qué América Latina habría de resignarse a ser china, rusa, dictatorial o comunista.
Pero aun cuando Trump ha resuelto el problema más arduo, tropieza ahora con el más elemental. Le ocurre como al cirujano que opera con destreza impecable, pero descuida la sutura. El fallo no es estratégico, sino narrativo: la ausencia de una gramática emancipadora y democrática capaz de dotar al proceso venezolano de legitimidad simbólica. El problema no radica en que Trump sea transaccional ni en que hable de petróleo —comprensible en cualquier intento serio de estabilización—, sino en permitir que el petróleo hable por toda la operación. Sin una apelación democrática y con la invocación explícita de tutela sobre la transición, el proceso corre el riesgo de reactivar viejas pulsiones antiestadounidenses, de que sus fallas se imputen por entero a Washington o, peor aún, de que una estabilidad administrada por Delcy Rodríguez termine pareciendo preferible al caos.
Pero mientras Trump incurre en un déficit narrativo en Venezuela, en Colombia comienza a cometer errores tácticos de mayor calado al ejecutar un giro de 180 grados frente al presidente Gustavo Petro. El primer movimiento fue lanzar una acusación imprecisa y gaseosa —aunque no del todo infundada— al señalarlo como líder del narcotráfico, seguida de la amenaza de dispensarle un trato similar al de Nicolás Maduro. El resultado fue paradójico: cuando Petro deambulaba errático, saltando de causa en causa en busca de figuración internacional, Trump lo victimizó. Y cuando América Latina, por un instante, parecía quedarse corta de su habitual cosecha de demagogos, el excéntrico mandatario colombiano no solo ocupó la vitrina, sino que fue elevado —por invitación de Trump a la Casa Blanca— al estatus de interlocutor global.
O bien los informes de inteligencia que recibe el presidente estadounidense son deficientes, o bien se elude deliberadamente la responsabilidad política de Petro en la cadena del narcotráfico, el que ha banalizado sistemáticamente. Ahí están sus declaraciones sobre que el whisky, el carbón o el petróleo son más dañinos que la cocaína; su insistencia en la legalización de las drogas; la suspensión de operaciones militares contra grupos criminales que expanden las redes de narcotráfico, bajo la excusa de opacas negociaciones de paz; y el respaldo a los cocaleros que han contribuido a la expansión de cientos de miles de hectáreas de cultivos ilícitos. A ello se suma la grave acusación del excanciller Álvaro Leyva, sobre un consumo de sustancias psicoactivas por parte del propio presidente colombiano.
Así, un caso que pudo haberse convertido en una palanca eficaz para quebrar la espina dorsal de un país sin voluntad real de combatir el narcotráfico amenaza con diluirse en un gesto errático. Peor aún: uno que insufla nacionalismo y termina convirtiendo a Trump en el más funcional jefe de campaña de la izquierda radical, hoy favorita para perpetuarse en el poder en las elecciones presidenciales colombianas de mayo y junio próximos.
Ciertamente, el presidente de Estados Unidos ha logrado algo inédito: “ganar” elecciones en Argentina y Honduras sin figurar en la papeleta. Pero las verdaderas pruebas de fuego de la ola de derecha que atraviesa el continente en 2026 serán Colombia y Brasil, en octubre próximo. Costa Rica, en febrero, y Perú, entre abril y junio, parecen inclinarse hacia la centroderecha. Sin embargo, una sucesión de chapucerías en Venezuela o Colombia podría no solo erosionar a los aliados regionales de Trump, sino reactivar viejos reflejos antiestadounidenses. Y ese sería el desenlace más irónico: que una estrategia hemisférica lúcida y ambiciosa termine saboteada no por sus objetivos, sino por la incapacidad de administrarlos con prudencia, relato y mesura.
John Mario González