Ley ISR y Organizaciones de la Sociedad Civil en México

Jimena Cándano

Las Organizaciones de la Sociedad Civil se encargan de resolver los problemas que el gobierno no puede solucionar solo, pese a que es su obligación y para eso pagamos impuestos, sin olvidar que las organizaciones lo hacen con presupuesto propio y de otros ciudadanos que apoyan sus causas. ¿Quién se beneficia su trabajo? por supuesto, los beneficiarios directos, los ciudadanos, pero también el gobierno y en última instancia nuestro país.

A todas y a todos nos conviene que existan casas hogares que cuidan a niñas y niños, organizaciones que apoyen en casos de desastres naturales, temas de salud, justicia, medio ambiente, gobernanza, transparencia, adicciones, seguridad, y un muy largo etcétera. Si no existieran, nadie más realizaría esa labor y eso es algo que debemos tener muy claro, sin ellas, el vacío sería desolador porque, insisto, el gobierno no puede solo, nadie en realidad podría, de ahí la necesidad de trabajar en conjunto.

Entonces ¿quién pierde si desaparecen las organizaciones? todas y todos, no nos equivoquemos; el peor escenario que puede tener una comunidad o un país es no tener una sociedad organizada y representada en estas organizaciones. Entonces ¿a quién le toca defenderlas? a todas y todos, sin excepción y sin distingo. Si pensamos que porque no somos beneficiarios directos no nos toca, cometemos un error que podría ser demasiado caro para nuestro país.

En días pasados el Congreso aprobó una iniciativa donde se proponen cambios a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, algunas de ellas tendrán repercusiones muy importantes en la función, operación y supervivencia de organizaciones sin fines de lucro y de aquellas que están reconocidas como donatarias. En particular, quiero hablar de dos puntos que prenden las alarmas.

1.- Una de las más graves, a mi parecer, es en caso de que las donatarias obtengan la mayor parte de sus ingresos (50%) de actividades distintas a los fines para los cuales fueron autorizadas, perderán su autorización. No se toma en cuenta que los ingresos superiores al 10% por actividades distintas, ya se encuentran gravados con ISR además de que esos ingresos deben usarse forzosamente para cumplir con el objeto de la organización y nunca ser usados con fines de lucro, esto según la ley vigente.

Para ponerlo de forma más clara, si una fundación vende pulseras para conseguir dinero para tratar a pacientes con cáncer, puede perder su calidad de donataria y al suceder esto debe entregar todo su patrimonio a otra organización que tenga un objeto similar. En pocas palabras, dejaría de existir, por el simple hecho de buscar otras formas de conseguir recursos más allá del donativo que, por desgracia, cada vez son menos frecuentes.

2.- Todos los gastos que no estén amparados con un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que excedan de dos mil pesos, se considerarán como remanente distribuiste. No es un mal mecanismo de control; sin embargo, para cientos de organizaciones que trabajan en las zonas más marginadas del país, donde los servicios de telecomunicación son, por decir lo menos, inexistentes pueden llegar incluso a imposibilitar el cumplimiento de su objetivo por el incremento en el gasto para llevarlo a cabo.

Sin duda, los controles son importantes para mejorar el trabajo, evitar simulaciones y que se cumpla con responsabilidad la misión para la cual se otorgó la autorización de donataria, pero considero que estas acciones no están encaminadas a ello, por el contrario, abren la puerta a la discrecionalidad para que la autoridad pueda perseguir y desaparecer a las organizaciones, por el motivo que ellos consideren que no son convenientes.

Nadie se opone a mecanismos de control, mientras se lleven a cabo con lógica y estén enfocados al fortalecimiento del trabajo que se lleva a cabo, para las organizaciones son esenciales estos mecanismos para generar transparencia, así como confianza. Todas y todos queremos terminar con la corrupción en todos los sectores de la vida pública, pero la forma de hacerlo es generando mecanismos óptimos de combate a estas prácticas, la lucha no debe ser un pretexto para eliminar a las instituciones, pues el riesgo que esto conlleva es mucho mayor que la situación actual.

Hubiera sido importante que el Senado reconsiderara estos puntos e incluso que se llamara a un Parlamento Abierto donde las organizaciones pudieran expresar su punto de vista para que las y los legisladores tuvieran toda la información que necesitan para tomar las decisiones que México requiere.

Tenemos una legislatura que dice estar comprometida con los más vulnerables y abierta a escuchar al pueblo. Diputadas, diputados, senadoras y senadores, si verdaderamente están comprometidos a construir un México más fuerte y justo, les pedimos que tomen en cuenta las múltiples opiniones que la sociedad civil ha realizado para que el espíritu de estas reformas sea verdaderamente el mayor bien de nuestro país. Ahora lo único que queda es buscar la inconstitucionalidad.

El gobierno y el congreso necesitan entender que si queremos un mejor futuro para nuestro país tenemos que construirlo juntos, nadie puede solo.

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Sobre la autora:

Jimena Cándano estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad Iberoamericana. Obtuvo el grado de Maestría en Administración Pública, con enfoque en Desarrollo Comunitario y Transformación Social en la Universidad de Nueva York. Actualmente es la Directora Ejecutiva de la Fundación Reintegra.

Acerca de Fundación Reintegra:

Es una fundación que trabaja a favor de la justicia social, equidad de oportunidad y derechos para los jóvenes en conflicto con la ley. Tiene como misión prevenir el delito y reintegrar a la sociedad a quienes experimentan conflictos penales, fortaleciendo sus capacidades y concretando un proyecto de vida, siendo un referente en la opinión pública nacional e internacional en la prevención del delito a través de la reinserción social.

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