En México el castigo corporal, las agresiones psicológicas, la descalificación de acciones y hacer nulas las emociones de otros son acciones ampliamente aceptadas como métodos de disciplina e incluso son consideradas “normales”. Es más, varios adultos la justifican diciendo “yo lo pasé y ve que bien salí”. La violencia adopta diversas formas dependiendo el contexto en el que los infantes y adolescentes se encuentren. Sin embargo, en ningún caso se justifica.
Todos los seres humanos tenemos derecho a una vida sin violencia , sobre todo las niñas, niños y adolescentes ya que estar expuestos a ella y normalizarla los hace más vulnerables a la explotación, a otras formas de abuso o a convertirse en abusadores. Desafortunadamente nos encontramos ante una realidad en la que los padres se sienten debilitados si se elimina ésta de sus herramientas de educación ya que se cree que sin “el golpe correctivo” no se pueden establecer límites, pero eso solo denota un déficit en los tutores, no en los hijos. Si eso es en la célula familiar, imaginemos a nivel federal lo complejo que resulta contenerla.
En México los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes son difícilmente denunciados, ya sea por temor al agresor, a la exposición pública, a la estigmatización, por desconfianza en las autoridades, por desconocimiento de los derechos, la normalización o bien por la ausencia de mecanismos disponibles y accesibles para reportar y pedir ayuda. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, como país ocupamos el primer lugar en abusos contra la población menor de 17 años.
Si bien es cierto que son cada vez más los países que prohíben en sus leyes cualquier tipo de actividad nociva hacia la infancia, la evidencia internacional demuestra que la mayoría de las estrategias para su erradicación se construyen sobre una realidad fragmentada a la problemática.
En nuestro país nos encontramos en desventaja ante este tema frente a otras naciones porque la mayor parte de las políticas se edifican con una intención de costo político, es decir, con la finalidad de ganar adeptos para un partido o para legitimar a quienes se encuentra ostentando cargos públicos con el objetivo de mantenerse en las preferencias de los ciudadanos. Sin embargo, son falacias porque entonces aquellos grupos minoritarios, niñas, niños y adolescentes que no son votantes, son excluidos o los programas para atenderles son poco funcionales.
Aunado a esta construcción de papel, nos encontramos con que son soluciones reactivas y punitivas que poco atienden el fenómeno de una manera proactiva que ayude a que los índices de violencia disminuyan, son contenidos y muchas veces con aspereza, lo cual aleja más a los sujetos del entendimiento de sus acciones y a toda la sociedad de la prevención de la violencia.
¿Cómo podemos comenzar la transición de modelos punitivos y reactivos a los preventivos? En primera instancia entendiendo que la primera infancia es una etapa crucial en la formación de las personas y que los adolescentes son personas que se encuentran formando su criterio y que, por ende, se les debe dar un acompañamiento sano en el que se les ayuda a discernir entre buenas y malas acciones que pueden impactar en su vida y a asumir las consecuencias que de ello emane.
A través de los 36 años que Fundación Reintegra ha trabajado, hemos notado que son 5 los factores que se tienen que trabajar en la prevención de la violencia: la relación familiar, comunicación asertiva y resolución de conflictos, evitar el acceso y el consumo de sustancias, buen uso del tiempo (estar en la escuela o trabajando) y un grupo saludable. Aún hay mucho trabajo que hacer, empezando por la sensibilización de la sociedad para que rompan el estigma de que la violencia se trata con violencia.
