La democracia mexicana no nació el 1 de julio de 2018 ni fue resultado de la acción de un solo individuo; fue producto de décadas de luchas en las que participaron miles de mujeres y hombres e importantes liderazgos para lograr la transición de un régimen cerrado y autoritario a uno plural y democrático.
Hay distintos puntos de vista sobre el inicio de la transición en el México moderno, pero habría una esencial coincidencia en que 1968 se constituyó en un parteaguas histórico que demostró que el México de la modernidad ya no cabía en los moldes del régimen político acuñado bajo el control de un partido hegemónico (el PRI). Al movimiento del ‘68 le sucedieron nuevos movimientos sociales, nuevas formaciones partidarias y diversas organizaciones guerrilleras, con la negra secuela de miles de desaparecidos políticos producto de la guerra sucia gubernamental. En 1977 vendría la primera reforma política como resultado de la cual el Partido Comunista Mexicano obtuvo su registro legal para participar en las elecciones de 1979, con lo que arribaron voces de la izquierda mexicana al parlamento por la vía de la Representación Proporcional (diputados plurinominales). En fechas subsiguientes otros partidos políticos de la izquierda lograron su registro.
Sin embargo, se mantenía la esencia autoritaria del régimen presidencialista, al grado de que el gobierno controlaba directamente el órgano electoral y el manejo del padrón. El surgimiento del PMS y del FDN en 1987, encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, provocó un reagrupamiento de las izquierdas mucho más amplio, mismo que ganó las elecciones, aunque se impuso el fraude operado por Manuel Bartlett, entonces titular de la Secretaría de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral.
Gracias al impulso central del PRD, fundado en 1989, se logró la más trascendental reforma política en 1996, la cual sacó al gobierno del control de los órganos electorales, amplió la representación proporcional de la pluralidad política del país, reconoció el derecho de la ciudadanía capitalina a elegir a sus gobernantes y elaboró la nueva credencial para votar sin el control gubernamental.
De esa reforma de 1996 provienen los cambios fundamentales que posibilitaron las alternancias políticas presidenciales en los años 2000, 2012 y 2018, mediante la cual AMLO llegó a Palacio Nacional. La construcción de nuestra democracia ha sido un proceso colectivo, no de una sola persona, ni nació el año pasado.
Subrayo lo anterior porque con el arribo de López Obrador a la Presidencia todos esos logros se pretenden borrar. Con el argumento de que el INE y los órganos locales le cuestan mucho al pueblo, el partido del gobierno, Morena, les niega recursos y pretende una nueva integración designada y controlada por ellos (acabando así con el árbitro imparcial); igualmente, quiere eliminar o reducir los diputados y senadores plurinominales dizque por ser muy costosos; también quieren que la credencial para votar y los listados electorales sean manejados por Gobernación; igualmente priorizar las consultas populares y la revocación de mandato cuando el presidente lo solicite, para incidir con su peso en los resultados electorales; y reducir drásticamente el financiamiento público a los partidos para debilitar a la oposición. AMLO quiere regresar a los tiempos del rancio presidencialismo autoritario y al monopartidismo.
Por eso urge que las oposiciones en el Senado mantengan su bloque para evitar esas reformas regresivas. Urge que se establezcan mecanismos de control y observación ciudadanos para que el nombramiento, en abril de 2020, de los 4 nuevos consejeros del INE y los 36 en 18 organismos locales no sea decidido por Morena porque eso significaría la parcialización del árbitro electoral. Y urge, también, que se escuchen las voces de todos los constructores de nuestra democracia en defensa de estos nuestros irreductibles contra el autoritarismo.
Exdiputado federal
