En medio del cúmulo de acontecimientos que ensordecen y distraen la atención sobre los asuntos trascendentales del país en virtud de los múltiples mensajes pendencieros lanzados a diario desde el púlpito presidencial, se aprobó en el Senado de la República una batería de reformas legales para el Poder Judicial de la Federación con la supuesta pretensión de “acabar con la corrupción y propiciar la transparencia en sus actuaciones”.
Preceptos ambos, en los que todos los partidos ahí representados estuvieron de acuerdo, sólo que —subrepticiamente y de manera perversa— se introdujo en últimos minutos un artículo transitorio que aprobaba la extensión del mandato del actual presidente de la Corte por dos años más, lo cual públicamente ha sido defendido por el presidente López Obrador.
En seguimiento a la actuación del Senado, Morena decidió en la Cámara de Diputados la dispensa de trámites legislativos para aprobar en fast track la reforma. Les urge porque saben que perderán la mayoría el 6 de junio.
Comparto la opinión de prestigiados analistas, estudiosos del Derecho y articulistas en el sentido de que, este transitorio, es flagrantemente inconstitucional. Sostengo que con ello se estaría consumando la captura del poder judicial por parte del presidente y nos colocaríamos en la desaparición del equilibrio de poderes y, con ello, en el umbral de una dictadura.
Es un asunto de la mayor importancia y de enorme trascendencia para la vida nacional que amenaza con trastocar nuestra convivencia democrática y civilizada.
Al grito presidencial de “acabar con la corrupción”, un gobierno más corrupto que cualquiera de los anteriores justifica la violación del Estado de Derecho con el argumento de que el ministro Arturo Zaldívar es una persona confiable para que lleve adelante las reformas al poder judicial. Ello, al mismo tiempo que su partido Morena amenaza con llevar a juicio político y destituir a Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y cuatro consejeros más del INE por negar el registro a Félix Salgado y a Raúl Morón al violar la ley.
Simultánea y paralelamente, ante una resolución del INE que le exigió al presidente retirar mensajes que violan la veda electoral dispuesta por el marco normativo para que no difunda sus acciones de gobierno y no se entrometa indebidamente en el proceso electoral, pendencieramente López Obrador responde que no lo callarán (¿”Cállate Chachalaca”?) y que seguirá combatiendo en sus mañaneras al “partido conservador” (la coalición opositora del PRD, PAN y PRI) por querer ganarle la mayoría en la Cámara de Diputados.
Son todos estos hechos estrechamente vinculados por la lógica autoritaria, de corte dictatorial, según la cual lo que importa son “los hombres” y no las instituciones. Son hechos de violencia política eslabonados con detenciones arbitrarias de candidatos opositores en Veracruz (Rogelio Franco y Gregorio Gómez, del PRD) y en Puebla, los cuales enturbian peligrosamente lo que deben ser elecciones libres, auténticas y democráticas.
La gente de libre pensamiento, las voces verdaderamente comprometidas con la libertad, la democracia y el equilibrio de poderes, no pueden quedar calladas y mucho menos impasibles. Los ministros de la Corte, a quienes la Constitución expresamente les faculta nombrar cada 4 años a su Presidente, están obligados a alzar la voz contra este atropello que, si lo consienten, mañana terminará arrasándolos, ya que quedarán en peligro de una renovación arbitraria, anticipada, dictada desde fuera, desde el poder ejecutivo, o a través del Consejo de la Judicatura (un poder real, prácticamente de enorme peso en la toma de decisiones internas y externas), por órdenes del Ministro Presidente sumiso y capturado por el de la República.
Una democracia madura no debe permitir este atropello constitucional propio de las dictaduras. Alcemos la voz y frenemos esta lógica antidemocrática.
Presidente Nacional del PRD
