La crisis de seguridad que se ha ido instalando en el país, la falta de seguridad jurídica y múltiples decisiones autoritarias que se han tomado por el gobierno de López Obrador, así como el anuncio o amenaza de asumir otras con la misma carga autoritaria, están afectando al conjunto de las relaciones institucionales, sociales, políticas y económicas, como lo padece ya el empresariado mexicano.
Durante muchos años se fue labrando en la percepción de amplios sectores del país que en la izquierda mexicana éramos antiempresariales porque muchas de nuestras demandas iban en el sentido de un mayor intervencionismo estatal en la economía y varias de nuestras propuestas han exigido a los empresarios un mayor compromiso social, especialmente en lo referido a libertades sindicales y derechos laborales, así como mediante una mayor contribución para fortalecer la hacienda pública debido a que México es de los países que menos recauda por esta vía en proporción del PIB nacional.
Sin embargo, durante las últimas 2 ó 3 décadas hemos presenciado una evolución en el pensamiento político y económico tanto en la iniciativa privada como en las expresiones políticas identificadas con la izquierda, debido a las transformaciones internacionales y a la pluralidad política que se fue abriendo paso en nuestro país.
Desde ambas vertientes se fue comprendiendo que todos nos necesitábamos y que la confrontación era nociva. Cuando el PRD y otros partidos llegaron a gobiernos locales, éstos se dieron cuenta del necesario entendimiento con el empresariado, el cual también asumió que las reglas del juego habían cambiado y que el diálogo constructivo era imprescindible. Finalmente, los avances democráticos habían llegado a ser parte de nuestra vida cotidiana. La larga y compleja transición daba sus frutos, aunque faltara mucho por construir.
Sin embargo, con la llegada de AMLO a la Presidencia y sus mayorías en las cámaras, se ha instalado una nueva confrontación entre la supuesta izquierda gobernante y el empresariado. La falsedad mayor consiste en que AMLO y su gobierno se ostenten de izquierda, progresistas o democráticos. No es así. Sus decisiones y métodos son propios de un autócrata que quiere pasar a la historia destruyendo todo lo que se edificó durante décadas de esfuerzo colectivo. Lo hace pasando por encima de la ley y la Constitución, imponiendo, sancionando sin juicio previo a quien él mismo decida, en aras de “acabar con los privilegios y la corrupción” y, con ello, “salvar al pueblo”.
Mientras tanto, la inseguridad y la falta de confianza están matando a la gente y acabando con el país que hizo posible la transición.
El nulo crecimiento económico de 2019 se explica fundamentalmente por la nula inversión fija bruta del gobierno y por la ausencia de confianza y seguridad jurídica dadas a los inversionistas mexicanos y extranjeros. La cancelación del aeropuerto de Texcoco disparó las alarmas, mismas que siguen encendidas aunque los discursos digan lo contrario. La iniciativa privada no invierte lo comprometido y numerosos negocios están cerrando, finiquitando a sus trabajadores y migrando hacia otros países que sí les ofrecen garantías.
En un hecho insólito, la “lógica” del gobierno es hacer de las fuerzas armadas un empresariado de facto, como en Nicaragua donde el ejército es el principal empresario del país.
¡Qué bueno que las cámaras patronales han empezado a levantar la voz! así sea con temas como el del etiquetado en algunos productos pero aún es insuficiente.
Es urgente e indispensable la construcción de un amplio abanico frentista que incluya a empresarios responsables, comprometidos con el país, y a las fuerzas progresistas y socialdemócratas (como lo están buscando ser Futuro 21 y el PRD) con miras al próximo año. No debe permitirse, callada o impasiblemente, que el autoritarismo en curso se consolide.
Cuidar al empresariado y al INE es cuidar la democracia, es cuidar a México.
Exdiputado federal
