Las seis elecciones estatales transcurrieron como se anticipaba, y sin pena ni gloria. Cabe abordar ahora temas de gran importancia que deberían estar en la plaza pública durante lo que resta de la administración, ojalá y para bien. Se trata de asuntos con hondas raíces estructurales e implicaciones reales y directas sobre el bienestar de la población. Hoy se trata el agua.
Los problemas del agua no son exclusivos de México: 2,000 millones de personas viven en países con escasez (ONU 2019); 2,200 millones no tienen acceso a agua potable de manera segura, y más de la mitad (4,200 millones) carecen de saneamiento adecuado (OMS/UNICEF 2019). El cambio climático deteriorará aún más la situación en perjucio de futuras generaciones.
El agua es un tema que se presta a soslayarlo e ignorarlo, aunque su gravedad aumenta. En 2012 se incorporó en el artículo 4to de la Constitución el “derecho humano al agua” y se mandató que en 10 años habría una Ley General de Aguas (LGA). El plazo ya transcurrió y ni los Ejecutivos ni los Legislativos cumplieron su obligación. Es un pendiente central en el debate de políticas públicas.
Diversos grupos, en momentos distintos, han invitado a reflexionar sobre esto y plantean numerosas soluciones. En “Iniciativas que abrogan o modifican la Ley de Aguas Nacionales” se recogen ocho iniciativas presentadas en la LXV Legislatura del Senado de la República en un año; ninguna que haya sido atendida. Si bien la temática hídrica es amplia y compleja, resulta sorprendente que todavía no exista una visión compartida al respecto, que pueda servir de base para presentar una iniciativa con el apoyo suficiente. El país sigue en el mismo desamparo respecto al tema del agua que hace una década, y los problemas se han acentuado.
Sin embargo, existen coincidencias acerca de los aspectos principales que debe abordar una LGA. En mayo 09 de 2017, el Consejo Consultivo del Agua condensó:
1) aumentar la cobertura de agua para que todos los mexicanos cuenten con 50-100 litros por persona al día, y que ésta sea accesible y asequible; eso sería materializar el derecho humano al agua.
2) Una distribución equitativa del agua para que esté disponible y sea suficiente para la población y las actividades económicas, con la calidad, regularidad y volúmenes necesarios; que tenga buenos estándares de pureza; y que preserve las cuencas y los ecosistemas acuáticos.
3) Que sea una ley que encamine al país hacia la sustentabilidad, la seguridad y la competitividad hídricas.
4) Que establezca una distribución clara de facultades entre Federación, estados, municipios y organizaciones sociales, y procure la concurrencia de todos en la gestión y administración del agua.
5) Que defina mecanismos que garanticen certidumbre jurídica para todas las partes interesadas en temas del agua.
6) Que instituya una regulación, supervisión y control efectivos de los organismos operadores de agua, incluyendo una Entidad Reguladora por estado, para garantizar su eficiencia, calidad y sustentabilidad.
7) Que cree incentivos a la innovación tecnológica en todos los aspectos del agua.
8) Que incorpore instrumentos que impulsen un uso eficiente del agua, su reuso, reciclaje, sustitución de aguas de primer uso, detenga el abatimiento de los mantos fréaticos, y elimine la contaminación de los cuerpos de agua.
9) Establezca mecanismos que generen los recursos necesarios para la expansión de la infraestructura hídrica; y,
10) eche a andar las acciones de vigilancia y control que garanticen la aplicación de la ley.
Quizá el sentir del CCA haya cambiado, por lo que habrá que escuchar de nuevo puntos de vista. Éste es un tema central para lo que resta de la administración de AMLO, si bien con una mala reforma la situación podría acabar peor que la actual… ¡Aguas!
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