Durante las últimas semanas se agudizó la preocupación de muchos por la creciente intromisión del gobierno en los medios de comunicación y en comunidades de formadores de opinión que no comparten los puntos de vista de la 4T. Declaraciones públicas de altos funcionarios y del propio Presidente de la República contra las reconocidas revistas Nexos y Letras Libres elevaron el nivel de alarma y preocupación. Peor aún, instituciones de gobierno fueron utilizadas como instrumentos de coerción, por ejemplo, la Secretaria de la Función Pública, la UIF y el SAT.

La censura ha sido una constante en la historia, quizá desde que Sócrates se suicidó tras ser condenado por “envenenar” las mentes de los jóvenes. Desde entonces, todo gobierno en el poder decide, de manera explícita o implícita, su política en materia de discurso, comunicación, propaganda y franca censura. La explicación es que cada gobierno considera que su causa es la válida, y que requiere defenderse frente a sus adversarios. De hecho, la censura se presenta como una especie de práctica responsable y legítima del gobierno en defensa de su proyecto político, al que debe escudar de sus enemigos, incrustados en los círculos intelectuales, científicos, empresariales y medios de comunicación. Esa versión “benevolente” de la censura ha dado lugar a periodos de obscuridad sin paralelo en la historia de la humanidad.

Es de notar que gobiernos que han utilizado o utilizan la censura son de la más diversa inclinación ideológica, pues hay de derecha, dictaduras de ambos extremos del espectro ideológico, hasta regímenes no liberales en democracias.

También es importante señalar que quien desee ejercer la censura tiene un arsenal de modalidades: I) ataque a periodistas, su asesinato, encarcelamiento y exilio (Rusia, dictaduras militares); II) destrucción de obras y símbolos (Alemania nazi, China de Mao); III) listas de obras prohibidas (Iglesia católica en el s. XVI); IV) listas de personas “prohibidas” (senador McCarthy); V) expedición de licencias para aprobar quién puede publicar (III Reich); VI) intimidación y hostigamiento a periodistas; VII) bloqueos informativos; VIII) en democracias actuales, se controla el “spin” de las noticias, y se hacen filtraciones “sonda” sobre opciones políticas, entre otros;  IX) control de la publicidad por particulares o, como ha sido y es el caso en México, de las asignaciones del presupuesto de comunicación social, práctica resumida en la frase de López Portillo: “no pago para que me peguen”.

Lo común es que los gobiernos que adoptan una política de censura pongan en práctica simultáneamente varias de estas modalidades (véase Censura: Enciclopedia mundial, Routledge, 2001).

¿Dónde está México en esto? Además de los gravísimos casos de Aguilar Camín y Krauze, Artículo 19 publicó el martes que en enero-junio de este año se han dado 406 agresiones contra periodistas (46% más que en el mismo periodo de 2019) que incluyen desde 96 amenazas, 91 intimidaciones y hostigamientos, 61 bloqueos informativos y alteraciones de contenidos, 47 ataques físicos, 35 casos de uso ilegítimo del poder público, 26 privaciones de la libertad, hasta 4 asesinatos. Destaca que, de esas 406 agresiones, 199 fueron realizadas por funcionarios públicos.

La actitud persecutoria que emana de las mañaneras ha permeado hacia gobiernos locales, y también hacia las organizaciones del crimen organizado, de donde se inspiran para ejercer censura extrema y violenta. El Presidente sabe la potencia de su voz y hasta ahora no ha dudado en usarla para prohijar la censura.  


Presidente de GEA Grupo de Economistas y Asociados / StructurA
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