El día primero, en julio de 1921, hace noventa y nueve años, se fundó el Partido Comunista Chino. El día primero de julio de 1997, hace veintitrés años, Londres devolvió a Pekín el pequeño territorio de Hong Kong, en el marco de un acuerdo que concedía a la provincia, hasta 2047, un estatuto especial de autonomía que le permitía gestionar sus asuntos y conservar un Estado de derecho firme, garantizando todas las libertades civiles y políticas.

El día primero de julio de 2020, a las 0 de la mañana, Pekín dio un golpe de Estado legislativo, no mandó sus tanques, sino impuso una Ley de Seguridad Nacional que acaba de un plumazo, veintisiete años antes de la fecha prevista, la insoportable excepción de Hong Kong, ciudad libre. Se acabó la ficción oficial de “un país, dos sistemas”. Hace mucho que el gobierno chino aplicaba la famosa “táctica del salami”, es decir, caminar poco a poco hacia la meta final: no se come el salami en un solo bocado, sino rebanada tras rebanada, cortado fino, de preferencia; así definió la “táctica del salami” un dirigente comunista checo, cuando había en Praga un gobierno democrático de coalición, con presencia minoritaria de los ministros comunistas. Eso culminó con “el golpe de Praga” y la toma del poder por el Partido.

En el caso de Hong Kong, en los últimos años, el gobierno local había sido controlado por Pekín, mediante un proceso de selección previa, un filtro que no dejaba elegir a los representantes de la oposición democrática. Esta fue una de las causas de las manifestaciones multitudinarias a lo largo del año pasado, las que impacientaron al presidente Xi Jinping: le reclamó varias veces su “debilidad” a Carrie Lam, la Jefa Ejecutiva de Hong Kong, y amenazó, en varias ocasiones, con mandar al ejército. Para no repetir la tragedia de la plaza Tiananmen, finalmente, no puso en marcha a los tanques: promulgó esta Ley de Seguridad Nacional cuyo contenido estaba desconocido hasta la hora Cero del día primero de julio de 2020.

¿Qué dice la Ley? “Para la pequeña minoría que amenaza la Seguridad Nacional, esta ley será una espada suspendida sobre su cabeza”: cubre los delitos de “secesión, subversión, terrorismo, colusión con una potencia extranjera, incitación al odio contra los gobiernos” (los gobiernos de Pekín y de Hong Kong). Eso cubre todo, cualquier forma, expresión, manifestación individual o colectiva, de disidencia, desacuerdo, oposición. Permite acabar con las libertades civiles y políticas de Hong Kong que eran totales y ejemplares: libertad de prensa, opinión, manifestación. Las penas previstas van de diez años de cárcel hasta cadena perpetua y, eventualmente, pena de muerte. Hong Kong abolió la pena de muerte, Pekín no. La Ley vale para los residentes extranjeros, los visitantes extranjeros, las ONG, agencias de prensa, corresponsales de prensa y televisión. Los procesos pueden darse a puerta cerrada, sin jurado y trasladarse al continente chino. Además, la Ley prevé la creación de una Comisión para Protección de la Seguridad Nacional. Con razón, Joshua Wong, uno de los dirigentes de la oposición, puede profetizar que “es el fin de Hong Kong tal como lo conocía todo el mundo. La ciudad se convertirá en un Estado de policía secreta”.

Día primero de julio en Hong Kong, horas después de la promulgación de la Ley, una primera y tímida manifestación fue reprimida y ocurrieron los primeros arrestos. Cuba es el único gobierno que aprobó inmediatamente la Ley, mientras que veintisiete países pidieron, con todo respeto, que Pekín reconsidere la medida. Eso le hace al presidente Xi lo que el viento a Juárez y, frente a su determinación implacable, será imposible que la impresionante capacidad de movilización, el amor a la libertad de la sociedad de Hong Kong pueda manifestarse. El “emperador” no perdonará nunca a los ciudadanos de la “ciudad libre” lo que hicieron el año pasado. Además, ha de pensar que es una advertencia para la gran isla de Taiwán que siempre ha manifestado su simpatía a Hong Kong.



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