Durante meses, el personero de la Sociedad de Autores y Compositores (SACM), el antes cantante y stripper, hoy convertido en diputado federal, Sergio Mayer, en su calidad de presidente de la Comisión de Cultura, abogó por cambios a la Ley de Autor.
Buscó una “compensación por las copias privadas”, esto es que los privados pagáramos un impuesto especial por la capacidad que tienen nuestros equipos como fotocopiadoras, celulares, tablets, computadoras, cajas de TV restringida, apps y hasta lo que se almacena en la “nube”. Ni siquiera se trataba de que los usuarios de cualquier aparato hicieran copias privadas, menos que tuvieran lucro. Querían un cobro especial, un moche por la mera posibilidad de que usemos equipos electrónicos.
El fin previo a la última semana de actividades en el Congreso, una delegación de la SACM, encabezada por Roberto Cantoral Zucchi, habría ido a ver al Presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle apoyo para hacer varios cambios en la ley autoral. Le dijeron que era el último sueño del difunto compositor Armando Manzanero y con este nuevo “canon”, según se comentó en el Congreso de la Unión, le aseguraron al Presidente que se podría hasta hacer un canal de televisión para transmitir sus canciones. El Ejecutivo lanzó la instrucción a su mayoría para que intentara sacar adelante lo solicitado, algo que reportó originalmente la periodista Alicia Salgado.
Con el aval presidencial, Mayer buscó avanzar la iniciativa que había presentado en abril de 2020. Desde el origen, Mayer y Cantoral buscaron que el pago de la compensación (moche) fuera cubierto por el fabricante de los equipos o software que llegan al país. Así, el plan era cobrar a iPhone, Samsung, Motorola, Google, Yahoo, Spotify, Canon, HP y Epson, entre otros fabricantes, una cuota por cualquier equipo que pudiera hacer reproducciones y enviaran a México.
Pero si estos u otros fabricantes no lo pagaban, las empresas que los vendieran o usaran en México -como Sears, Liverpool, iShop, Office Depot, Elektra, Coppel, Telcel, AT&T, Izzi y hasta las tiendas minoristas- serían responsables solidarios del pago, algo que, además, todos trasladarían a los consumidores.
Con esta ley que pone la compensación más alta en el mundo, según cálculos del IDET, los usuarios mexicanos pagarían un sobreprecio anual de 6 mil 200 millones de pesos, tan solo por smartphones y computadoras.
Por eso, el diputado Mayer, cuando subió el viernes pasado a la tribuna, se vistió para el ‘papel’ de su vida, su rol mejor pagado: se enfundó en un traje de tres piezas, camisa de cuello, corbata de seda, fue a la peluquería y hasta se maquilló.
Sin embargo, un discurso mamón, su vestimenta fastuosa y los varios reclamos que lanzó en tribuna al resto de los diputados le cambiaron el ambiente. Lo acabó de hundir el costo electoral que el PT y el PVEM rápidamente entendieron que pagarían. Luego se sumaron decenas de morenistas en su contra. Cuando acabó la votación, Mayer (y Cantoral) apenas lograron el apoyo de 13% de los legisladores.
Otro error de los promoventes del moche digital es que partieron de la idea de que millones de mexicanos usamos dispositivos para traficar y lucrar con obras artísticas de manera ilegal. Se atrevieron a firmar que bastaba: “una computadora, un programa u otro tipo de dispositivo digital, para que millones de usuarios realicen un tráfico ilegal de cientos de miles de videos, libros, música y arte en general”. El dato es falso, pero les convenía para buscar más dinero. Olvidaron decir que todo lo que se reproduce vía streaming ya paga derechos.
Una camarilla de personas trató de usar al Congreso para un botín, recursos que además irían a sus bolsas y no a la hacienda pública. Los diputados frenaron el abuso. Los creadores de contenido requieren una compensación justa, pero deben iniciar con tener mejores representantes y argumentos.
