Mucho sorprendió el “decreto interpretativo” que el bloque de legisladores pro 4T , de Morena , PT y PVEM , aprobó velozmente, en una semana, en ambas cámaras del Congreso, y que la misma tarde del jueves pasado fue publicado en una edición especial nocturna del Diario Oficial de la Federación .
Siempre he considerado que la ley electoral en México es una norma censora que limita la libertad de expresión de los funcionarios públicos, candidatos, medios de comunicación y, sobre todo, de los ciudadanos, por lo que cualquier flexibilización que la haga avanzar debe ser bienvenida, pero me parece que en este caso hay temas más preocupantes que el leve avance que ésta tuvo en México. Se hizo una ley a modo para que el Presidente y los suyos pudieran promocionar sus logros durante estos procesos electorales, no tanto pensando en la libertad de expresión , y menos en el Estado de Derecho.
Me explico: el decreto que aprobaron diputados y senadores de la 4T en fast-track cambia la definición de propaganda gubernamental que las leyes electorales, el TEPJF y hasta la Suprema Corte habían usado desde 2007. La definición vigente de propaganda, hasta la semana pasada, era lo que emitiera un funcionario público para “influir de manera intencionada sobre la opinión pública para procurar la adhesión, comprensión, simpatía o apoyo de los gobernados respecto a planes de gobierno, políticas públicas o acciones gubernamentales”.
El decretazo de la semana pasada busca acotar el alcance del concepto de propaganda gubernamental, permitiendo ahora que los servidores públicos puedan manifestarse públicamente en torno a logros de gobierno y/o elecciones, algo que antes, durante procesos electorales como los que ahora tenemos en seis estados, y en la Revocación de Mandato , no se podía.
Adicionalmente, el decreto acota la obligación de los servidores públicos de aplicar con imparcialidad los recursos públicos a su cargo. El TEPJF desde hace años había incluido el “tiempo” mismo de los servidores públicos como un recurso público. Esto, para que en días laborales no anden haciendo actos de campaña, lo que hace total sentido. Pero ahora el Congreso, con su mayoría oficialista, votó limitarlo al empleo de personal a su cargo y del uso de dinero público. Así, en horario laboral, los servidores públicos ya pueden dejar de trabajar para hablar de sus logros o comentar sobre temas electorales.
Ojalá el cambio se hubiera pensado a fondo y en beneficio de la libertad de expresión de todos en México, no sólo de los servidores públicos, pero las serias fallas legales que el decreto tiene —como su promulgación en el periodo de veda que establece el 105 constitucional—, más bien parece un intento para tener un ardid legal que permita, aunque sea provisionalmente, dos cosas: 1) que el Presidente de la República haya podido hablar y ser maestro de ceremonias en la inauguración del AIFA; y, 2) que Claudia Sheinbaum, quien ya tiene varias denuncias por violar la veda en el actual proceso electoral, no sea sancionada, pues ello podría complicar su futura candidatura presidencial.
Así, lo que se ha construido es literalmente una ley a modo para que el Presidente y quien parece ser su candidata puntera tengan un traje legal a la medida de sus necesidades y aspiraciones políticas.
Legislar para unas cuantas personas es un error. Sobre todo, marca un peligroso rumbo, pues lejos de acercarnos a tener leyes generales, modernas y sin censura, nos aproxima más a medidas que tomaría un régimen autoritario para sacar ventajas indebidas frente a su oposición. Delicado.
Cambiando de tema. el Presidente dejó claro, en la mañanera de ayer, que el conflicto de Julio Scherer con Olga Sánchez y Alejandro Gertz será resuelto por el Ministerio Público y en tribunales, lo que deja ver que quienes apostaron a ganar la batalla en medios han perdido.
