Mucho se ha empezado a escribir sobre el libro que redactaron juntos el exconsejero jurídico presidencial, Julio Scherer, y el periodista Jorge Fernández Menéndez. Hay muchas interpretaciones de las razones y los tiempos en los que deciden publicar el libro. Algunos analistas mencionan que es una estrategia para limpiar su nombre, aunque echando “mierda al ventilador”. Otros dicen que es cobrar facturas a rivales políticos y, otros más, que se trata de hundir a Andrés Manuel López Obrador, luego de que defenestró del círculo presidencial a su consejero jurídico.
De entrada, me parece que el libro le ha servido a Scherer, pues está regresando con narrativa propia a varios espacios mediáticos, pero también están siendo su obra y su persona bien recibidas por la comunidad empresarial. De hecho, los lugares para su presentación en el Club de Industriales —donde hace unos años era impensable que se pudiera parar por las leyes que impulsó contra el empresariado y los supuestos actos de extorsión que varios le señalan— se agotaron. El prestigioso club, que dirige Luis Téllez, tuvo que mover la fecha de su presentación para habilitar un espacio más grande el 24 de febrero.
Pero viniendo el libro de un avezado político con experiencia penal, el propósito puede ser otro: llevar a los personajes señalados, centralmente a Jesús Ramírez, actual coordinador de asesores de la Oficina de la Presidencia, e incluso a López Obrador a los tribunales de Estados Unidos. Y es que las acusaciones de vínculos con narcos y lavado de dinero (a través del huachicol fiscal y sindicatos) contra el obradorismo no son menores.
Ya un expresidente de la República vivió una embestida similar: Ernesto Zedillo fue acusado en Estados Unidos, 11 años después de dejar el cargo, de orquestar la masacre de Acteal (1997), en donde murieron 45 indígenas. La acusación fue llevada por una opaca organización y por 10 acusadores anónimos. Estos pedían cárcel para Zedillo y 50 millones de dólares como pago compensatorio, bajo el argumento de que había armado a grupos paramilitares y que en México no había acceso a la justicia para los indígenas afectados. Varios jueces rechazaron el caso, hasta que uno en Connecticut lo aceptó en 2011.
Zedillo tuvo que enfrentar a la justicia estadounidense durante cuatro años, con todos los costos legales que eso implicó, hasta que en 2014 un tribunal de apelaciones, en Nueva York, ordenó desechar el caso, luego de que el gobierno del país vecino argumentara que el expresidente tenía “inmunidad soberana”. Univision Noticias señaló que otro expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, estaba detrás del entramado legal contra Zedillo, algo que el primero siempre ha rechazado.
En el caso de Jesús Ramírez y el expresidente López Obrador, hay que recordar que la justicia de EU tiene abiertos varios casos contra el entramado orquestado por el asesinado Sergio Carmona, a quien se le apodaba El Rey del Huachicol, y que su hermano Julio habría huido a aquel país y sería hoy testigo protegido del gobierno estadounidense para conocer las redes de lavado de combustible y dinero en México, y el uso electoral que Morena les habría dado. Por ello, y ante las varias declaraciones que muestran molestia del gobierno del presidente Donald Trump sobre la tolerancia que AMLO le tuvo al crimen organizado, parece difícil que el gobierno de aquel país, a diferencia de con Zedillo, entre a defenderlo. Más bien, será lo contrario.
Así, en medio de la rivalidad política que hay actualmente en el país con el cobro de venganzas en el círculo del poder, podría ser que se busque que la justicia de EU indague a otro expresidente. No sería la primera vez y, las acusaciones, en ambos casos, vienen del mismo grupo político. Pronto sabremos.