Hoy se discutirá en el Pleno de la SCJN la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica. El 10 de abril se llevará a cabo la Revocación de Mandato para ver si se mantiene o no en el cargo el presidente López Obrador. Al día siguiente, 11 de abril, está convocada la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para discutir la Reforma Constitucional, en materia energética, y el 13, se espera que la hasta ahora más trascendente reforma de AMLO sea discutida en el Pleno de la Cámara de Diputados.
Estos temas no sólo versan sobre si el Presidente se mantendrá en su cargo —que todo apunta a que sucederá—, pero principalmente estará en juego qué rumbo va a tomar México en materia de Estado de Derecho, inversión extranjera, medio ambiente y relación con la iniciativa privada, y con países como EUA y la UE. Me explico:
La Revocación seguramente no conseguirá tener a 40% del padrón electoral que se requiere para que la consulta sea vinculante e incluso hay dudas legales sobre si ésta puede aplicar, retroactivamente, a un Presidente que fue elegido por 6 años y cuyo periodo concluye en 2024.
Lo que realmente sí ha propiciado son actos abiertos de violación a la norma electoral, por funcionarios federales y estatales vinculados a Morena. Estos están haciendo uso indebido de recursos públicos para promoverse electoralmente, lo que preocupa rumbo a las elecciones que se llevarán a cabo este año, pero también la del 2024 en la que, desde ahora, se puede anticipar que Morena buscará sacar una ventaja indebida.
Pero la discusión de la Reforma Eléctrica en la SCJN y en el Congreso también pondrá en choque dos visiones de país: una de un nacionalismo a ultranza que quiere emular lo realizado por Lázaro Cárdenas en 1938 y otra del siglo XXI que busca que la iniciativa privada (IP) tenga una actividad protagónica en el desarrollo nacional. Ambas con pros y contras.
La nacionalista, al parecer, le gusta a la mayoría de la población mexicana, pero no hay garantías de que baje el precio de la electricidad, mientras que la que involucra a la IP puede ser políticamente costosa para los ministros de la Corte y los partidos políticos que la apoyan, pero es hacia donde están avanzando la mayor parte de los países desarrollados del mundo. Modificar las condiciones de inversión que ya tienen cientos de empresas nacionales y extranjeras nos llevará a litigios que van a durar años, serán costosos y hará que varios gobiernos nos impongan, en represalia, aranceles.
En los siguientes días se definirá si somos un país que cumple con las leyes y respeta compromisos internacionales o si, por el contrario, nuestro nacionalismo y las ganas de triunfar electoralmente hacen que nos metamos en innumerables conflictos legales internacionales.
El Presidente apuesta fuerte a una posición nacionalista y hará todo lo que está a su alcance para salir victorioso. Si esto sucede, es probable que la inversión extranjera quede detenida. Y nuestro sector energético también tendrá poco crecimiento en momentos en los que el petróleo ha subido 69%, el gas 127% y el carbón 168%.
La guerra Ucrania-Rusia cambió por completo el estatus del sector energético. La visión de la 4T no contaba con este escenario, pero tampoco ha hecho nada para revisar su propuesta. Parece que las ganas de la 4T de revertir lo hecho en los últimos 25 años, años de gobiernos de “tecnócratas”, es su prioridad. De triunfar la 4T, para bien o para mal, nos alineará con un eje de naciones de izquierda como Venezuela, Argentina y Perú, que además tienen condiciones económicas deplorables. En cambio, nos confrontará con nuestros principales socios comerciales.
En 10 días veremos si México deja de ser un país de centro y se convierte en uno alineado a la izquierda… con todo lo que ello significa. Pero lo que viene será un parteaguas para el país.
